La Alcaldía, a través del Comité de Orden Público, anunció la inversión de más de $3.500 millones para atender las solicitudes de traslado de personas privadas de la libertad que se encuentran en la Permanente Central y en la cárcel de Picaleña.
El secretario de Gobierno, Leandro Vera, explicó que los recursos se destinarán mediante un convenio con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, con el fin de dar solución a una problemática que ha venido creciendo en la ciudad.
“Debido a los pronunciamientos que han existido frente a nuestra Permanente Central y al COIBA de la ciudad de Ibagué, puedo contarles que el Comité de Orden Público ha destinado entre 2024 y 2025 más de $3.500 millones para atender las respectivas solicitudes por medio de un convenio con el Inpec”, afirmó el funcionario.
Audio secretario de Gobierno, Leandro Vera
Según el Secretario Vera, con estos recursos se busca dar cumplimiento a los compromisos adquiridos tanto en 2024 como para el inicio del convenio de 2025, lo que permitirá avanzar en los procesos de traslado de los internos.
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“Esperamos poder cumplir rápidamente con las solicitudes y con lo pactado en el convenio para así dar respuesta a los requerimientos del año anterior e iniciar también el nuevo ciclo de traslados para este año. En su momento, llegamos a tener más de 600 personas privadas de la libertad que requerían traslado, y actualmente continuamos adelantando este proceso con quienes permanecen en la Permanente Central”, añadió.
El Secretario de Gobierno también destacó que esta inversión hace parte de los esfuerzos de la Alcaldía y las autoridades en materia de seguridad y orden público.
Lo que la Procuraduría pidió a la Alcaldía
La Procuraduría General de la Nación solicitó a la alcaldesa de Ibagué y al secretario de Gobierno un informe detallado sobre los avances en el cumplimiento del Convenio Interadministrativo No. 1557 de 2024, firmado con el INPEC y relacionado con el Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué (COIBA).
Según una visita realizada a inicios de 2025, el director del COIBA señaló que solo se ha cumplido un 30% de los compromisos establecidos, a pesar de que ya se han recibido 600 personas privadas de la libertad. Aunque se publicó en el SECOP la oferta para adquirir dos busetones por $1.000 millones, se requirió una prórroga de cuatro meses para continuar con la ejecución del convenio.
El Ministerio Público advirtió que el hacinamiento en la permanente central, que había disminuido a inicios del año, volvió a superar el 200% por las demoras en la ejecución del convenio, situación verificada por la Procuraduría en visitas periódicas. Ante esto, la Provincial de Instrucción de Ibagué activó una actuación preventiva para anticiparse a posibles vulneraciones de derechos o fallas en la función pública. El objetivo del convenio es integrar esfuerzos administrativos, jurídicos, tecnológicos y logísticos para mejorar la infraestructura y gestión del sistema carcelario en la región.
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