Una mujer fue condenada a 45 meses de prisión tras comprobarse que usó documentos falsos para obtener contratos con el programa Sisbén en el municipio de El Espinal, Tolima. Se trata de Ángela María Quintero Núñez, quien aceptó los cargos y firmó un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación.
El fallo fue proferido por un juez de conocimiento, quien avaló el preacuerdo entre las partes, con lo cual se comprobó su responsabilidad en los delitos de fraude procesal y uso de documento público falso.
¿Qué hizo exactamente la condenada?
Entre los años 2022 y 2023, Quintero Núñez logró ser contratada para prestar servicios de apoyo a la gestión del banco de programas y proyectos de la Dirección Administrativa del Sisbén, adscrita a la Secretaría de Planeación, Infraestructura y Medio Ambiente de El Espinal.
Para lograrlo, presentó como parte de los requisitos contractuales un título académico y un acta de grado que no eran auténticos. Con estos documentos falsificados, acreditó un nivel de formación que en realidad no tenía, burlando así los requisitos legales establecidos para la vinculación laboral.
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¿Fue la única implicada en este caso?
No. La Fiscalía indicó que por estos mismos hechos también están siendo procesados cuatro exfuncionarios de la administración municipal, quienes enfrentan juicio por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Esto revela un posible entramado más amplio, donde no solo hubo falsificación de documentos, sino omisiones dentro del proceso de verificación y contratación pública.
¿Irá a prisión la condenada?
Pese a la condena de 45 meses de prisión, el juez otorgó a Quintero Núñez el subrogado penal de suspensión condicional de la ejecución de la pena, lo que significa que no será recluida en un centro carcelario, siempre y cuando cumpla con las condiciones que imponga el juzgado.
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¿Qué sigue ahora?
La decisión judicial quedó en firme, y aunque la condenada no irá a la cárcel, su prontuario penal y la sentencia representan un precedente frente a las irregularidades en la contratación pública.
Este caso también pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control dentro de las entidades estatales, para evitar que hechos como estos continúen afectando la transparencia del servicio público.
