
Un juzgado condenó al exalcalde de Rovira Diego Andrés Guerra Quintero a 124 meses de prisión y multa equivalente a 121 salarios minimos mensuales legales vigentes, tras hallarlo culpable de varios delitos relacionados con la contratación pública.
Guerra Quintero fue condenado como autor responsable de las conductas de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, interés Indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público en concurso homogéneo y sucesivo y falsedad Ideológica en documento público agravada por el uso.
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Igualmente, el juzgado lo condenó a la inhabilitación de derechos y funciones públicas por el término de 124 meses.
Además, le negaron la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria. La orden de captura para el cumplimiento de la pena deberá librarse una vez cobre ejecutoria la decisión.
En la decisión, lo absuelven del cargo del delito de falsedad material en documento público.E
El fallo compulsa copias a la Fiscalía General de la Nación, para que, en caso de no haberlo hecho, se inicien las investigaciones a que haya lugar.
El caso
El caso se remonta a 2015, cuando suscribió un contrato sin cumplir con los requisitos legales, como alcalde de Rovira, con Edgar Aquiles Ratti Acosta Cardozo un contrato por $18 millones de pesos, cuyo objeto era “contratar la prestación de servicios profesionales de una persona natural o jurídica para el apoyo a la administración municipal en la implementación del estudio técnico de la estructura organizacional, plan de empleos y manual de funciones, que implicaba el desarrollo de nueve (9) actividades específicas, cuya
supervisora era Vicky del Pilar Gil Gómez, secretaria general y de gobierno».
El 5 de marzo de 2015, según la providencia, se realizó un primer pago de $3.600.000 al contratista Edgar Ratti por el contrato 064-2015, pese a que no cumplió con todas las actividades pactadas. La supervisora, Vicky del Pilar Gil, reclamó el incumplimiento, pero el alcalde de Rovira, Diego Andrés Guerra Quintero, reasignó la supervisión a otra persona sin informar a las partes.
Luego, el 17 de julio de 2015, el alcalde certificó falsamente el cumplimiento total del contrato y ordenó el pago de $14 millones. Ese mismo día exigió en tesorería el desembolso de $13.536.000, falsificó la firma del contratista para endosar el cheque y, a través del conductor del municipio, cobró el dinero en efectivo y se apropió de él.
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