El secretario del Interior del Tolima, Ricardo Suárez, hizo un enérgico llamado al Gobierno nacional por la llegada de víctimas al departamento sin previa notificación ni concertación con las autoridades locales, lo que impide garantizar condiciones dignas y seguras para su atención.
En las últimas horas se conoció que la Agencia Nacional de Tierras, ANT, asignaría terrenos ubicados en el municipio de Rovira a comunidades indígenas desplazadas, lo que llevó a una sesión extraordinaria del Comité de Justicia Transicional del Tolima en donde se revisó la Sentencia 0171 de 2025 por cuanto las reubicaciones, amparadas por las leyes, deben darse en condiciones dignas.
El alcalde de Rovira, Víctor Alfonso Gualtero, señaló que la administración municipal «no ha sido notificada oficialmente sobre el predio ni la vereda donde se reubicarán. Estamos esperando que la Agencia Nacional de Tierras nos comunique, porque de ninguna manera podemos estigmatizar ni rechazar a estas personas que han sido víctimas del conflicto».
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Aunque expresó disposición para recibirlas sin estigmatización, advirtió preocupación por problemas de orden público en la zona rural, donde, según reportes de la Fuerza Públca, hay presencia de grupos armados ilegales que ejercen control territorial.
Ana María Enciso, delegada de la Defensoría del Pueblo en el Comité de Justicia Transicional del Tolima, recordó que la entidad está obligada a acompañar los procesos de reubicación de víctimas del conflicto armado y aseguró que, ante el recrudecimiento de la violencia, la Defensoría garantiza un trato humanitario y respaldo total a las familias reubicadas en el departamento, conforme a la Ley de Víctimas.
Al finalizar, el alcalde de Rovira insistió en que urge la comunicación de la ANT porque “en estos momentos, esos principios de seguridad y dignidad se requieren para estas personas víctimas de desplazamiento forzado” por cuanto, de ser ciertas las informaciones, los predios a entregar no contarían con los mínimos vitales para su supervivencia.
Suárez Guzmán expresó su malestar porque considera que el “gobierno nacional sigue desconectado del territorio. No asistió el Director Nacional de Tierras a un tema tan delicado como lo es una orden judicial».
«No están dadas las garantías de seguridad ni para una reubicación digna; ya lo habíamos vivido en el municipio de Honda y de Suárez. Vemos que el gobierno nacional tiene un total desinterés por los derechos humanos de estas personas», puntualizó.
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