Lo que en principio sería un debate de control político terminó destapando una serie de irregularidades que, según la cabildante, ponen en riesgo las finanzas del instituto y generan serias dudas sobre la transparencia en los procesos administrativos.
En medio del debate, la concejal fue enfática en señalar que más de 8 mil millones de pesos habrían sido adjudicados a una empresa del Valle del Cauca a través de contratación directa, sin que mediara un proceso licitatorio abierto. El dinero, explicó, corresponde a dos contratos para la adquisición de software. “Aquí no hubo licitación, todo fue contratación directa. Y si uno revisa el SECOP, la historia se repite”, denunció.
Pero las críticas no se detienen en los contratos de tecnología. A julio, las cifras internas de Infibagué muestran más de 5 mil millones de pesos comprometidos en contratación. A esto se suma una polémica reestructuración de la planta de personal, en la que fueron retirados cerca de ocho funcionarios. El argumento oficial fue la eliminación de algunos cargos para crear otros, entre ellos auxiliares, sin que existieran los estudios de soporte requeridos. La concejal cuestionó que una de las contrataciones beneficiara a una mujer con vínculos familiares en la misma entidad.
Reestructuración y cargos en duda
Varón advirtió que los procedimientos omitieron requisitos esenciales. “Para haber eliminado cargos y crear auxiliares se necesitaban estudios y calificaciones, y no se han hecho desde 2023. Estamos frente a decisiones sin sustento técnico ni legal”, aseguró.
En su intervención también resaltó un aspecto aún más preocupante: Infibagué no estaría bajo la vigilancia de la Superintendencia Financiera, pese a que funciona como banca pública. Este vacío de supervisión, sumado a los cuestionamientos de contratación, genera un escenario de riesgo para los recursos municipales.
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Préstamos sin rentabilidad
Otro de los puntos críticos fue la política crediticia del instituto. Según la cabildante, Infibagué otorgó préstamos a empresas municipales como el IBAL e Ibagué Limpia, sin generar ganancias reales. “La bolsa de intereses es la misma, aquí no se está ganando plata. Estamos perdiendo recursos porque esas empresas no pagan, y al mismo tiempo Infibagué sí paga cumplidamente a bancos como el Popular y Bancolombia, con intereses al día”, sentenció.
El panorama se agrava si se observa la operación del Panóptico de Ibagué, donde Infibagué mantiene una planta de siete funcionarios que le cuesta al instituto más de 500 millones de pesos anuales, sin incluir prestaciones. Para la concejal, los números no cuadran: los recursos destinados a cubrir esa nómina no aparecen reflejados en la cartera disponible. “La pregunta es de dónde sacan el dinero. Si están echando mano de beneficios que no pueden destinar, el problema es mayor y compromete responsabilidades administrativas y fiscales”, advirtió.
Control político y exigencia a los entes de vigilancia
La concejal Varón insistió en que estos hallazgos no se quedarán en simples declaraciones. Aseguró que compulsará copias a los organismos de control cada vez que se detecten evidencias de irregularidades, y agradeció a la ciudadanía por las denuncias que han permitido trazar el seguimiento. “Lo que está ocurriendo con Infibagué es grave. Los ibaguereños tienen derecho a saber hacia dónde va la plata, cómo se contrata y en qué se está gastando. Los entes de control no pueden seguir siendo un saludo a la bandera”, concluyó.
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La respuesta del gerente de Infibagué
Frente a los señalamientos, el gerente Edilberto Pava defendió la gestión de la entidad y rechazó las acusaciones de opacidad. Según explicó, toda la información solicitada por la concejal para el debate fue entregada en su totalidad, pese a que ella afirme lo contrario. “Tenemos pruebas de que cumplimos con la entrega. Nada se ha escondido, Infibagué mantiene las puertas abiertas para cualquier veedor, concejal o medio de comunicación”, respondió.
Respecto a los créditos cuestionados, Pava aclaró que muchos de ellos son anteriores a su administración, iniciada en mayo de 2024, aunque asumió la responsabilidad como representante legal. Aseguró que la cartera se está recogiendo y que no hay manejos indebidos.
El gerente rechazó con firmeza el calificativo de “contratos chaleco” que utilizó la cabildante para referirse a algunos procesos. “Decir que hay contratos chaleco es llamarme corrupto, y eso no lo acepto. No soy un bandido ni un ladrón. Exijo respeto, así como yo la trato con respeto a ella”, expresó.
No obstante, Pava descartó iniciar acciones legales contra la concejal, reconociendo que su labor hace parte del control político. “Ella cumple su deber y yo cumplo el mío. Yo debo entregar información y responder a los entes de control. Confío en que todo se aclare y que se reconozca que en Infibagué se trabaja con transparencia y seriedad”, añadió.
Un pulso que apenas comienza
Mientras la concejal anuncia nuevas denuncias y la apertura de investigaciones por parte de la Contraloría Municipal avanza, Infibagué insiste en que su gestión está ajustada a la ley. El choque entre control político y defensa administrativa deja en el aire una pregunta central: ¿se están protegiendo los recursos de los ibaguereños o se están diluyendo en prácticas irregulares?
Por ahora, los ojos están puestos en los órganos de control, que tendrán que determinar si las acusaciones de Varón son sustentadas y si las explicaciones del gerente Pava logran despejar las dudas. Lo cierto es que las cifras, los contratos y la confianza ciudadana están en juego.
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