Más de 80 indígenas de la comunidad Embera Katío ocuparon el parque del Centro Administrativo Municipal (CAM) del barrio La Pola, en Ibagué, como medida de presión para exigir al Estado el cumplimiento de los compromisos adquiridos para su retorno al departamento del Chocó. La comunidad, desplazada desde hace aproximadamente cuatro años, asegura encontrarse en condiciones de extrema vulnerabilidad tras haber sido desalojada recientemente de una pensión donde residía por falta de recursos para pagar el arriendo.
La ocupación, que incluye cambuches, ollas comunitarias y la presencia de decenas de niños, se convirtió en una escena visible de la crisis humanitaria que enfrentan estas familias indígenas en la capital del Tolima.
Cuatro años de desplazamiento y promesas incumplidas
De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, las familias Embera Katío provienen principalmente de zonas rurales del Chocó, de municipios como Bagadó y comunidades como Iracal. Llegaron a Ibagué tras ser desplazadas por la violencia y, desde entonces, han subsistido en condiciones precarias, sin una solución definitiva de vivienda, empleo o retorno.
Harrison Teca Murris, guardia indígena de la comunidad Embera Katío, explicó que el grupo se vio obligado a trasladarse al CAM luego de ser expulsado del lugar donde se alojaban.
“Nos sacaron de la pensión porque no teníamos cómo pagar el arriendo. La situación es muy difícil. Las mujeres y los niños están pidiendo comida en el centro de Ibagué para poder sobrevivir. No tenemos ayuda, estamos abandonados”, señaló.
Según Teca, hace una semana se firmaron actas de compromiso con entidades estatales para facilitar el retorno de la comunidad a su territorio ancestral en el Chocó. Sin embargo, dichos acuerdos no se habrían cumplido.
“Firmamos compromisos para regresar a nuestro territorio, pero ahora dicen que no hay recursos. Cambiaron las palabras. Por eso estamos aquí, esperando que cumplan”, agregó.
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Niños, mujeres y adultos en situación crítica
La comunidad afirma que actualmente el grupo está conformado por cerca de 88 personas, entre ellas al menos 45 niños. Muchos de ellos presentan afectaciones de salud y requieren atención médica, alimentación y condiciones dignas de alojamiento.
Luis Ángel Vitiguara Mamundia, líder indígena y también desplazado, aseguró que permanecer en Ibagué ha significado un deterioro progresivo de la calidad de vida de su comunidad.
“Nosotros no estamos acostumbrados a vivir aquí. Los niños están sufriendo, los adultos también. Necesitamos volver a nuestro territorio, donde está nuestra cultura, nuestra forma de vida”, expresó.
Vitiguara explicó que, pese a haber adelantado trámites ante la Unidad para las Víctimas y otras entidades, la respuesta institucional ha sido insuficiente.
“Nos dijeron que ya no se podía hacer el retorno porque no hay recursos. Nosotros ya tenemos los papeles firmados, los acuerdos hechos, pero ahora no cumplen”, afirmó.
Falta de presencia institucional en el lugar
Durante los primeros días de la ocupación, la comunidad indígena denunció la ausencia de funcionarios de la Alcaldía de Ibagué y de las entidades responsables de la atención a población desplazada.
El edil Jorge Parra, quien llegó al lugar para conocer la situación, hizo un llamado a la administración municipal y a las secretarías competentes para atender de manera urgente la problemática.
“Este es un problema que debe asumir la Secretaría de Desarrollo Social, la Alcaldía y el Gobierno. No se puede dejar crecer esta situación sin una solución clara. Sorprende que no haya presencia institucional después de varios días”, manifestó.
Parra advirtió que la falta de atención oportuna podría agravar el conflicto social y humanitario.
“Entre más días pasen, esto se va a volver más complejo. Aquí no se trata de sacar a la gente, sino de establecer un procedimiento, una mesa de diálogo y soluciones reales”, añadió.
Exigen mesa de negociación y retorno digno
La comunidad Embera Katío insiste en que su principal exigencia es la instalación inmediata de una mesa de negociación con participación del Gobierno municipal, la Unidad para las Víctimas y entidades del orden nacional, que permita definir un cronograma claro para su retorno al Chocó.
Mientras tanto, las familias aseguran que permanecerán en el parque del CAM hasta obtener respuestas concretas.
“Estamos aquí con los niños, cocinando como podemos, buscando comida y medicina. No nos vamos a ir hasta que cumplan lo que prometieron”, concluyó Harrison Teca.
El caso pone nuevamente en evidencia las dificultades estructurales del Estado colombiano para garantizar soluciones duraderas a las comunidades indígenas desplazadas, especialmente en contextos urbanos donde el choque cultural, la pobreza y la falta de atención integral profundizan la crisis humanitaria.
