“Un asalto centralista y un raponazo fiscal”: gobernadora del Tolima arremete contra decreto Nacional
La mandataria Adriana Magali Matiz pidió a la Federación Nacional de Departamentos acudir a la Corte Constitucional y evaluar la inaplicación del Decreto 1474 de 2025 por presunta inconstitucionalidad.
En el marco de una reunión extraordinaria de la Federación Nacional de Departamentos (FND), la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, lanzó una de las críticas más severas al Gobierno Nacional en los últimos años, al cuestionar los alcances del Decreto 1474 de 2025, el cual, a su juicio, representa una grave afectación a la autonomía fiscal y administrativa de las entidades territoriales.
Durante su intervención, la mandataria calificó la medida como un “asalto de la centralización” y un “raponazo a los recursos de las regiones”, al considerar que el decreto vulnera principios constitucionales y desconoce el esfuerzo fiscal que realizan los departamentos para fortalecer sus finanzas.
Cuestionamientos a la autonomía territorial
Matiz advirtió que el decreto limita de manera directa la capacidad de recaudo de los departamentos, al establecer que los ingresos que superen lo recaudado en 2025, ajustado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), deberán ser transferidos a la Nación. Según explicó, esta disposición no solo castiga la eficiencia administrativa, sino que desincentiva la gestión territorial.
“No puede concebirse que todo esfuerzo adicional de recaudo termine en manos de la Nación, sin posibilidad de ser utilizado por los departamentos”, señaló la gobernadora, al calificar la medida como una restricción injustificada a la autonomía fiscal reconocida en la Constitución.
Riesgos para la salud pública y el control del contrabando
Otro de los puntos centrales de la intervención fue el impacto que, según la mandataria, tendría el decreto sobre la lucha contra el contrabando y la protección de la salud pública. Citando estudios de la propia Federación Nacional de Departamentos, recordó que cerca del 29 % del licor que se consume en el país es ilegal o adulterado.
En ese sentido, advirtió que la nueva normativa podría incrementar el contrabando y la circulación de licor adulterado, debilitando los esfuerzos que adelantan los departamentos para controlar estas prácticas. “Esto no solo afecta las finanzas territoriales, sino que pone en riesgo la vida y la salud de los ciudadanos”, sostuvo.
Otras noticias: Ministerio de Educación autoriza recursos para saldar deudas de la nómina docente en Ibagué – Don Tamalio
Falta de conexidad y rigor legislativo
Desde el punto de vista jurídico, Matiz cuestionó la falta de conexidad entre los fines del decreto y los medios utilizados para alcanzarlos. Según explicó, el objetivo de financiar el presupuesto general de la Nación no guarda relación directa con la intervención sobre impuestos de carácter territorial.
Asimismo, señaló una presunta violación del principio de certeza tributaria, al advertir que el decreto introduce nuevos hechos generadores, como los relacionados con dispositivos electrónicos y vapeadores, sin definir claramente elementos esenciales del tributo, como la base gravable o la unidad de medida.
Llamado a la Corte Constitucional
Finalmente, la gobernadora instó a la Federación Nacional de Departamentos a adoptar una postura firme frente al decreto, solicitando a la Corte Constitucional su revisión y evaluando la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad por parte de las autoridades territoriales.
Para Matiz, la medida representa un retroceso en el proceso de descentralización y una amenaza directa a la estabilidad financiera de los departamentos. “No se trata solo de un debate fiscal, sino de la defensa de la autonomía territorial consagrada en la Constitución”, concluyó.
