Fue un golpe directo a la minería ilícita que venía devastando el sur del Tolima.
La Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, ejecutó la Operación “Pijaos I”, una acción interinstitucional enfocada en frenar la explotación ilegal de yacimientos mineros y las economías criminales que se alimentan del daño ambiental.
El escenario fue crítico: las veredas Amoyá y Santa Rosa, en jurisdicción de Chaparral.
Con apoyo de UNDMO, Aviación Policial y coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, las autoridades intervinieron ocho unidades de producción minera que operaban bajo la modalidad de cielo abierto.
El resultado fue contundente
Durante la operación se logró la inutilización de maquinaria pesada e industrial, clave para la extracción ilegal:
- 7 excavadoras
- 3 motores industriales
- 1 draga
- 1 planta eléctrica industrial
- 1 motobomba
Pero el impacto no fue solo mecánico. También fue ambiental
La acción permitió frenar el vertimiento de mercurio, cianuro, combustibles y aceites al río Amoyá, una fuente hídrica estratégica para la región y la biodiversidad local.
“Estas operaciones reflejan el compromiso decidido de la Policía Nacional con la protección del capital natural y la seguridad de los territorios”, afirmó el coronel Gonzalo Esteban Blanco, director (E) de Carabineros y Protección Ambiental.
Y agregó: “Cada maquinaria inutilizada representa un paso firme en la defensa de nuestros ríos, bosques y comunidades”.
El golpe también se sintió en las finanzas criminales.
Según las autoridades, la minería ilegal intervenida generaba cerca de 4.000 millones de pesos mensuales.
La maquinaria destruida representa un impacto económico cercano a los 5.700 millones de pesos, debilitando de forma estructural al Grupo Delictivo Organizado detrás de esta actividad.
Además, la operación afectó de manera directa las finanzas del Estado Mayor Central – Frente Ismael Ruiz, que recibiría alrededor de 55 millones de pesos mensuales por cobros extorsivos derivados de esta economía ilegal.
Un flujo que, al menos por ahora, quedó interrumpido.
La Policía fue clara en su mensaje final: seguirá desarrollando acciones operativas, preventivas e investigativas para proteger los recursos naturales y garantizar un ambiente sano para las futuras generaciones, en articulación con autoridades y ciudadanía.
