Durante meses, la oferta parecía irresistible: viviendas en remate judicial a bajo costo, con entrega en menos de 180 días o, en su defecto, la devolución del dinero con ganancias superiores al 100 %. Para 27 personas en Ibagué, la posibilidad de acceder a casa propia o multiplicar sus ahorros terminó convertida en una investigación penal.
El 3 de marzo de 2026, la Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez el caso contra Diana Milena y Carolina Guzmán Andrade, dos hermanas señaladas de diseñar y ejecutar un esquema de captación masiva y habitual de dinero sin autorización legal.
El engranaje del presunto fraude
Según el relato del fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Tolima, las procesadas habrían creado una “falsa apariencia de legalidad” mediante la elaboración de contratos consensuados, recibos de caja y letras de cambio que servían como supuestas garantías de inversión.
En esos documentos, explicó el ente acusador, se comprobó la presencia de sus firmas y huellas dactilares. Las piezas eran entregadas a las víctimas como respaldo formal de las transacciones, reforzando la confianza en la operación.
La investigación sostiene que la actividad ilícita se mantuvo de manera permanente en el tiempo, generando un incremento patrimonial no justificado para las señaladas y un detrimento económico masivo que superaría los 600 millones de pesos.
Una red de contactos y promesas de alta rentabilidad
El esquema, de acuerdo con la Fiscalía, incluía una red de personas que actuaban como captadores para atraer nuevos inversionistas. Las hermanas se presentaban como intermediarias en remates judiciales y promocionaban inmuebles que supuestamente estaban en proceso de adjudicación.
A las víctimas se les inducía a entregar dinero en efectivo o mediante consignaciones bancarias, bajo la promesa de recibir la propiedad en un plazo máximo de 180 días. En caso de no concretarse la entrega, se ofrecía la devolución del capital con utilidades superiores al 100 % en un periodo de seis a ocho meses.
Sin embargo, los remates nunca se materializaron.
Del sueño inmobiliario a la denuncia
Las alertas comenzaron cuando los plazos vencieron y las propiedades prometidas no fueron entregadas. Tampoco se devolvieron los recursos invertidos. Con el paso de los meses, los afectados empezaron a compartir información entre sí, descubriendo que el patrón era similar en todos los casos.
El fiscal señaló que la captación de dinero se realizó sin la autorización de la autoridad competente para ejercer actividades financieras, configurando el delito de captación masiva y habitual.
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Imputación y proceso en curso
Por estos hechos, un fiscal de la EDA Tolima imputó a las hermanas Guzmán Andrade los delitos de captación masiva y habitual de dinero y estafa agravada. Las procesadas no aceptaron los cargos y continuarán vinculadas a la investigación mientras avanza el proceso judicial.
El caso vuelve a poner en evidencia los riesgos de inversiones que prometen rentabilidades extraordinarias en plazos cortos, especialmente cuando no cuentan con respaldo institucional ni autorización oficial.
Mientras la justicia define responsabilidades, 27 familias esperan que el proceso permita recuperar parte de los recursos que entregaron confiando en un negocio que, según la Fiscalía, nunca existió más allá del papel.
