Desde las 7:00 de la mañana de este martes 17 de marzo, un grupo de residentes de la Hacienda La Miel, en Ibagué, realizó un bloqueo en el acceso principal del sector como medida de protesta frente al aumento del impuesto predial.
La manifestación, liderada por integrantes de la comunidad y representantes de la junta del conjunto, se mantiene a la espera de la presencia de delegados de la Administración Municipal que atiendan sus inquietudes.
Cobros que superan los $90 millones
De acuerdo con Andrea Sánchez, líder del sector, los propietarios venían pagando cerca de $1.400.000 por concepto de impuesto predial. Sin embargo, en la vigencia actual, varios recibieron liquidaciones que alcanzan hasta $90 millones.
Según explicó, otros predios presentan cobros de $40 millones, $28 millones y valores similares, lo que ha generado inconformidad generalizada entre los residentes.
La comunidad atribuye estos incrementos a la reciente actualización catastral, proceso que habría elevado significativamente el avalúo de las propiedades.
Avalúos millonarios
Uno de los puntos más críticos señalados por los habitantes es que algunas parcelas habrían sido avaluadas en cifras cercanas a los $11.000 millones, lo que impactó directamente el valor del impuesto.
En total, cerca de 70 propietarios estarían afectados por esta situación, según los voceros del sector.
Sin acuerdos con la Alcaldía
Los residentes aseguraron que previamente sostuvieron reuniones con la Alcaldía de Ibagué y la oficina de Planeación, en las que expusieron su preocupación por los incrementos en el impuesto predial.
No obstante, indicaron que no se logró ningún acuerdo, lo que motivó la decisión de adelantar el bloqueo como mecanismo de presión.
Jornada sin hora definida de finalización
La protesta se concentra en la portería principal de la Hacienda La Miel y, hasta el momento, no se ha definido cuánto tiempo se mantendrá la medida.
Los manifestantes reiteraron que permanecerán en el lugar hasta obtener una respuesta concreta por parte de la administración municipal.
El caso refleja el creciente malestar en algunos sectores de la ciudad frente a los efectos de la actualización catastral y sus implicaciones en la carga tributaria de los propietarios.
