Ordenanza departamental tendría represadas escrituras en Ibagué y afectando a compradores de vivienda
Una ordenanza departamental que modificó la forma de liquidar el impuesto de registro en el Tolima desató una controversia entre notarías, ciudadanos y la Gobernación, luego de que decenas de escrituras quedaran represadas y usuarios denunciaran sobrecostos y demoras de hasta varios meses para formalizar sus propiedades en Ibagué.
Una controversia por el cobro del impuesto de registro en el Tolima estaría afectando a cientos de ciudadanos que adelantan trámites de escrituras públicas en notarías de Ibagué. Según explicó el notario tercero de la ciudad, Bladimir Molina, la situación se originó por una ordenanza departamental que comenzó a aplicarse este año y que, presuntamente, estaría incrementando de manera irregular los costos para registrar predios y viviendas.
El tema salió a la luz luego de la denuncia pública de una adulta mayor en Tamalio Noticias, quien aseguró que llevaba cerca de nueve meses esperando la entrega definitiva de su escritura pública, situación que atribuyó inicialmente a retrasos en la notaría.
Frente al caso, el notario Bladimir Molina explicó que la demora no obedecía únicamente a trámites internos, sino a dificultades generadas por la aplicación de una ordenanza departamental relacionada con el impuesto de registro que se paga ante la Oficina de Instrumentos Públicos.
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La polémica por los avalúos de 2026
De acuerdo con Molina, las escrituras firmadas durante el año 2025 que no alcanzaron a ingresar a registro antes del cierre de vigencia quedaron represadas para enero de 2026. Sin embargo, al momento de intentar registrarlas, la Gobernación del Tolima habría exigido liquidar el impuesto tomando como referencia el avalúo catastral del año 2026 y no el valor original consignado en la escritura.
“El problema es que la Ley 223 de 1995 establece que la base gravable para liquidar el impuesto de registro debe ser la cuantía del acto contenido en la escritura pública. Pero la ordenanza departamental exigía hacerlo con el avalúo del año siguiente”, afirmó el notario durante la entrevista.
Según el funcionario, esto generó incrementos considerables en los valores que debían pagar los usuarios para culminar sus procesos de registro, situación que produjo inconformidad entre ciudadanos, constructoras y sectores económicos.
Notarios advierten posible ilegalidad
El notario señaló que varios despachos notariales de Ibagué sostuvieron reuniones con la Secretaría de Hacienda Departamental, Camacol y representantes de gremios económicos para advertir que la medida podría ser contraria a la normatividad nacional.
“Nosotros manifestamos que la ordenanza era abiertamente ilegal porque estaba aplicando un avalúo futuro para liquidar impuestos de escrituras firmadas el año anterior”, sostuvo Molina.
Indicó además que, aunque desde la Gobernación se habría anunciado una corrección de la ordenanza, hasta la fecha dicha modificación no ha sido expedida oficialmente, situación que mantiene represados algunos trámites.
Mientras se resolvía el debate jurídico, varias notarías optaron por frenar temporalmente ciertos registros para evitar que los ciudadanos terminaran pagando valores superiores a los legalmente establecidos.
Ciudadanos afectados por retrasos
La situación ha generado malestar entre usuarios que esperan la entrega definitiva de escrituras de compraventa, viviendas y otros actos notariales.
En el caso conocido públicamente, la adulta mayor afectada denunció problemas de comunicación con funcionarias de la notaría y largos tiempos de espera. Frente a ello, el notario reconoció que hubo dificultades en la atención y ofreció disculpas por los retrasos.
“Mi instrucción es atender siempre con respeto, especialmente a los adultos mayores. Yo personalmente le expliqué a la señora que el problema estaba relacionado con el impuesto de registro y no con negligencia de la notaría”, afirmó.
El funcionario aseguró que finalmente algunas escrituras fueron ingresadas “bajo responsabilidad” de las notarías, mientras se resuelve el conflicto administrativo y tributario.
Incertidumbre en trámites inmobiliarios
El caso ha encendido las alarmas entre usuarios y sectores inmobiliarios del Tolima, debido a que el registro de escrituras es indispensable para formalizar la propiedad de predios y viviendas.
Expertos del sector advierten que cualquier retraso en estos procedimientos puede afectar compraventas, créditos hipotecarios y procesos de legalización de inmuebles.
Por ahora, las notarías esperan que la Gobernación del Tolima adopte una decisión definitiva sobre la modificación de la ordenanza para normalizar los registros y evitar nuevos sobrecostos para los ciudadanos.
