Según el concejal Andrés Zambrano, durante los dos años en que la administración de la alcaldesa Johana Aranda tuvo bajo su mando la entidad, esta operó en condiciones críticas de déficit, quiebra y una cartera insostenible.
Zambrano señaló que la situación llegó a tal punto de precariedad que la red de salud municipal no contaba con los recursos necesarios ni siquiera para cubrir sus obligaciones corrientes. Fue precisamente esta crisis la que obligó al Ministerio de Salud a intervenir financieramente mediante la inyección de recursos para terminar de pagar las nóminas y solventar los vacíos fiscales acumulados.
Ante este panorama, el concejal cuestionó de manera directa si el municipio cuenta actualmente con las garantías reales y la capacidad presupuestal para sanear definitivamente la USI en caso de que le sea devuelta. Advirtió que una transferencia sin un plan financiero sólido pondría en riesgo no solo la estabilidad de la institución, sino también el pago cumplido de los salarios a los trabajadores de la salud.
Asimismo, el dirigente enfatizó que el objetivo fundamental de las intervenciones realizadas por las superintendencias es precisamente lograr un saneamiento riguroso y una administración más eficiente de los recursos públicos. Destacó que cualquier decisión en este sentido debe priorizar la protección de las finanzas de la unidad médica antes de retornar su control a la administración local.
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Finalmente, el cabildante dejó abierta la discusión sobre la viabilidad de la propuesta, reiterando que si el municipio realmente demuestra tener cómo solventar la crisis estructural, la medida podría evaluarse, pero exigió rigor técnico y fiscal para evitar que la red de salud pública vuelva a caer en la insolvencia y el abandono financiero.
