La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lanzó una alerta por dos iniciativas que actualmente avanzan en el Congreso de la República y que, según la propia Jurisdicción, podrían afectar su autonomía, funcionamiento y capacidad para atender los procesos relacionados con el conflicto armado colombiano.
La primera propuesta busca trasladar $100.000 millones del presupuesto de funcionamiento de la JEP al Consejo Superior de la Judicatura, mientras que una segunda iniciativa plantea establecer una revisión judicial automática, a cargo de la Justicia Penal Militar, sobre las sentencias de la JEP relacionadas con integrantes de la Fuerza Pública.
La propuesta presupuestal fue presentada por el senador Enrique Gómez Martínez dentro de la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2027. El presidente Abelardo De La Espriella también expresó públicamente su respaldo a la iniciativa.
La JEP considera que ambas iniciativas hacen parte de una estrategia que podría afectar su independencia y autonomía judicial. Esta interpretación corresponde a la posición oficial de la Jurisdicción, que anunció que llevará la situación ante diferentes organismos nacionales e internacionales.
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La propuesta que busca trasladar $100.000 millones
De acuerdo con la información entregada por la JEP, la proposición presentada ante el Congreso pretende reducir en $100.000 millones los recursos destinados al funcionamiento de la Jurisdicción y trasladar ese dinero al Consejo Superior de la Judicatura.
El senador Enrique Gómez ha defendido la propuesta argumentando que la Rama Judicial ordinaria necesita recursos para aumentar su capacidad y atender el volumen de procesos que tiene pendientes. Según declaraciones recogidas por medios nacionales, su iniciativa contempla utilizar los recursos para la creación de nuevos despachos o la formalización de encargos dentro de la planta judicial.
Desde la JEP, sin embargo, se advierte que el recorte tendría un impacto considerable sobre su capacidad operativa.
Según el pronunciamiento de la Jurisdicción, el recorte afectaría directamente el rubro de adquisición de bienes y servicios, que dentro del proyecto de presupuesto asciende a $161.271 millones. La entidad calcula que los $100.000 millones representarían el 62 % de esos recursos.
La JEP también señala que ya enfrenta una desfinanciación acumulada de $84.663 millones.
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JEP advierte consecuencias para víctimas y testigos
Uno de los principales argumentos de la Jurisdicción es que una reducción de esta magnitud tendría efectos sobre los sistemas necesarios para garantizar la protección de víctimas, testigos, intervinientes y operadores judiciales.
Según la JEP, dentro de los recursos que quedarían comprometidos están $62.478 millones destinados a convenios con la Unidad Nacional de Protección (UNP).
La Jurisdicción sostiene que, de concretarse el recorte, estos recursos quedarían sin financiación y podrían verse afectados los esquemas de protección de personas vinculadas a los procesos que adelanta el tribunal.
La entidad también advierte sobre posibles dificultades para mantener sus sedes y garantizar la continuidad de sus servicios.
De acuerdo con el pronunciamiento, serían necesarios $29.362 millones para cubrir arriendos, servicios públicos y mantenimiento básico de las sedes principal y alterna de la JEP en Bogotá.
También alerta por afectaciones tecnológicas
Otro de los puntos señalados por la JEP está relacionado con la infraestructura tecnológica.
La entidad asegura que el recorte comprometería más del 40 % de los recursos destinados al Datacenter y a la interoperabilidad del sistema judicial, rubro que contempla $8.160 millones.
Según la Jurisdicción, esta situación podría afectar la reserva y seguridad de la información, así como el desarrollo digital de los procesos y macrocasos que actualmente adelanta.
La JEP sostiene que no se trata únicamente de una discusión sobre funcionamiento administrativo, sino de recursos relacionados con la operación cotidiana del sistema de justicia transicional.
Otra iniciativa busca revisar decisiones de la JEP
A la discusión presupuestal se suma una segunda iniciativa que, según la Jurisdicción, se tramita en la Comisión Primera del Senado.
La propuesta busca establecer una revisión judicial automática por parte de la Justicia Penal Militar de las sentencias de la JEP contra miembros de la Fuerza Pública.
Para la JEP, esta iniciativa tendría implicaciones sobre su autonomía judicial y hace parte de una discusión más amplia sobre el alcance de sus decisiones.
La Jurisdicción recordó además los procesos que ha adelantado contra antiguos integrantes de las Farc-EP y contra miembros de la Fuerza Pública, incluyendo casos relacionados con reclutamiento de menores, violencia sexual, ataques contra pueblos étnicos y ejecuciones extrajudiciales.
JEP llevará la discusión ante organismos internacionales
Ante este escenario, la Jurisdicción Especial para la Paz anunció que pondrá la situación en conocimiento del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Relator de Naciones Unidas para la Independencia Judicial, los países garantes del Acuerdo de Paz y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
La JEP sostiene que el Estado colombiano tiene compromisos relacionados con la financiación y autonomía del componente de justicia del Sistema Integral para la Paz.
La entidad también reconoce que la Rama Judicial atraviesa dificultades fiscales y enfrenta rezagos en diferentes procesos. Sin embargo, considera que estos problemas no deberían resolverse reduciendo los recursos destinados al tribunal transicional.
El debate apenas comienza en el Congreso
La discusión sobre el presupuesto de la JEP y la eventual reforma relacionada con la Justicia Penal Militar deberá continuar su trámite en el Congreso de la República.
Mientras el senador Enrique Gómez defiende la reasignación de recursos hacia la Rama Judicial ordinaria, la JEP sostiene que una reducción de $100.000 millones comprometería su capacidad de operación y afectaría garantías relacionadas con víctimas y comparecientes.
El presidente Abelardo De La Espriella expresó respaldo público a la propuesta presupuestal, en medio del debate sobre cómo distribuir los recursos destinados al sector justicia.
Así, el Congreso tendrá sobre la mesa una discusión que enfrenta dos asuntos: por un lado, la necesidad de recursos que plantea la justicia ordinaria y, por otro, las obligaciones y necesidades presupuestales de una jurisdicción creada en el marco del Acuerdo Final de Paz.
La JEP, entretanto, insiste en que cualquier modificación a sus recursos o estructura debe garantizar que pueda continuar cumpliendo sus funciones y que no se afecten los derechos de las víctimas ni la seguridad jurídica de quienes comparecen ante esta jurisdicción.
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