Basura electrónica asfixiaría a Ibagué en los próximos 13 años
Un estudio realizado por la CAR del Tolima (Cortolima) evidenció que siete de cada diez residuos de esos componentes no tienen disposición final ni manejo adecuado, pues son recogidos por recicladores informales o empresas sin licencia.
“Ibagué es un consumidor importante de AAEE, en la medida en que actualmente están en uso cerca de 1.900.000 aparatos, de los cuales 87%, una vez cumplan su vida útil, se convertirán en residuos” afirmó el director de Cortolima, Jorge Enrique Cardozo.
Cardozo agregó que un residuo de estos se considera peligroso por la inadecuada disposición, ya que causa efectos potenciales, en especial en la salud humana y el ambiente.
El estudio reveló que solo para el año inmediatamente anterior se comercializaron en el municipio más de 36.000 unidades de refrigeración, 112.000 electrodomésticos, 32.8836 aparatos de iluminación, 62.812 aparatos con monitor y 175.942 computadores e impresoras, para sumar casi 420.000 unidades.
“El año pasado, el 75 por ciento de la población de Ibagué tuvo un nuevo AEE”, aseguró Cardozo, al tiempo que destacó que a corto plazo, abundarán los residuos de aparatos con monitores y pantallas.
Una proyección de vida útil de los AEE concluyó que, para 2030, la ciudad no sabrá qué hacer con 72.000 aparatos de refrigeración convertidos en residuos ni con 605.532 grandes electrodomésticos (televisores, equipos de sonido, teatros en casa y DVD).
Las proyecciones se hicieron de acuerdo con la vida útil de cada aparato.
Marcelo Rodríguez, técnico de Cortolima, señaló que las cifras son preocupantes, pues el diagnóstico se hizo a partir del 2016, sin contar años anteriores, “lo que lleva a deducir que las cifras de residuos contaminantes en las fuentes hídricas son muy superiores”.
Debido a toda la problemática, Cortolima considera urgente la actualización del plan de gestión integral de residuos sólidos, incluyendo el manejo adecuado de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, tarea que debe tener en cuenta la política pública nacional y la Ley 1672 de 2013.
