La Procuraduría General de la Nación lanzó un llamado a las entidades territoriales y distritales de salud a fortalecer con la mayor celeridad los laboratorios de salud pública de su jurisdicción y a realizar estricto control a la calidad de las pruebas de casos probables de COVID-19, para evitar retrasos en los procesos de análisis y confirmación de resultados.
En visita al Instituto Nacional de Salud el domingo 22 de marzo, se evidenció incumplimiento por parte de las Entidades Territoriales de Salud de algunos departamentos, municipios y distritos del país.
Algunas no estarían cumpliendo con las definiciones correctas del caso, presentan embalajes inadecuados, muestras no aptas para el proceso de análisis, mala conservación y fichas epidemiológicas que no cumplen con los requisitos para realizar los registros.
Cada muestra le cuesta al sistema $380 mil aproximadamente, sumado a los riesgos de más contagios que en el trascurso de este reproceso se puedan producir.
La Procuraduría encontró que, aunque las direcciones territoriales, a través de los laboratorios de salud pública, deben tener contratado el transporte de sustancias infecciosas y/o material biológico que garantice el traslado de las muestras oportunamente al INS, pese a la situación epidemiológica por la que atraviesa el país y la alerta sanitaria no contarían con esos convenios. A la fecha solo 5 de los 32 departamentos tienen contratado este servicio.
Rutas personal médico
Adicionalmente el Ministerio Público exhortó a los secretarios de salud departamentales, municipales y distritales a gestionar y cofinanciar la implementación inmediata de rutas de transporte para personal médico asistencial que labora en Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de carácter público o privado, que garanticen su seguridad y la de los conductores, conforme a los protocolos existentes.
