Así avanza la Justicia en el caso de la ‘Casa del Horror’

Los abogados defensores de las 10 personas implicadas en el caso de maltrato hacia los niños pertenecientes a la fundación Peces Vivos, impugnarán las pruebas aportadas al caso por haber sido filtradas a medios de comunicación nacionales.
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Andrés Salazar, encarado de la defensa de la directora y la coordinadora de la institución afirmó que el material probatorio que va a ser presentado el día de hoy con prueba de posible abuso y maltrato en contra de los menores internos en la institución ya está viciado de ilegalidad por haber sido filtrado a medios de comunicación antes que a los acusados.
Por su parte, la Fiscalía 66 insistirá en que los menores fueron víctimas de tortura y maltrato físico y sicológico. La diligencia por orden de la Juez, se realiza a puerta cerrada.
A los investigados identificados como: Edison Haber Calderón Espitia, Ángel Duván Serna, Jennifer Stefany Salcedo Cartagena, Paula Andrea Patiño Buitrago, Johana Rodríguez Olaya, Dignore Olaya Hernández, Jenny Catalina Camelo Osorio, Claudia Maritza Flores Medina, Claudia Lorena Pedroza Henao y Paola Andrea Tique Vera.
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La Fiscalía imputó los delitos de tortura agravada, concierto para delinquir y destrucción de material probatorio a Johanna Rodríguez Olaya, directora del instituto, a la enfermera Jenny Carolina Camelo, a la psicóloga Jennifer Stefania Salcedo y a la formadora Claudia Pedraza.
Los demás imputados son procesados por el delito de tortura.
Durante la diligencia el ente investigador expuso que el Instituto Colombiano de Medicina Legal certificó las lesiones que tenían los menores en brazos y piernas, además de que las directivas de la fundación ocultaron material audiovisual que evidenciaba el maltrato al que eran sometidos los niños y niñas.
Procuraduría abre indagación a ICBF
El ente disciplinario abrió la indagación preliminar contra funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), por presunta falta de control a la Fundación Peces Vivos, de Ibagué, donde se estaría presentado maltrato a niñas y niños en condición de discapacidad.
La indagación busca identificar a los responsables que habrían omitido la supervisión, vigilancia y control del contrato suscrito con la Fundación Peces Vivos y las obligaciones del supervisor a cargo.




