Presidente Duque dejó en firme decreto que faculta a la Policía para confiscar la dosis mínima

Aunque el consumo y porte de la dosis mínima en Colombia había sido despenalizada por una sentencia de la Corte Constitucional, con la firma de este decreto las personas que sean registradas portando menos de 20 gramos de marihuana y un gramo de cocaína pueden ser capturadas y multadas con $208.000 por dosis mínima.
Posterior a la firma del decreto presidencial que autoriza a la Policía para incautar todo tipo de estupefacientes en vía pública, lo que sigue es la reglamentación de los procedimientos en cada circunstancia, y el protocolo que deben seguir los uniformados.
Según la Corte Constitucional, una persona puede portar hasta 20 gramos de marihuana y un gramo de cocaína. Sin embargo, desde el lunes 1 de octubre, con la firma del decreto, si la Policía sorprende a un ciudadano en espacio público con las dosis señaladas, se destruirá la droga y se impondrá una multa de 208.000 pesos, con la posibilidad de asistir a un curso para obtener una rebaja. Pero si porta una cantidad superior, será capturada por porte y tráfico de estupefacientes.
De igual forma la dosis de aprovisionamiento, que es la cantidad requerida para la semana o el mes, no es válida para la Policía. Por eso, un ciudadano sorprendido con una dosis mayor a la mínima será llevado ante la autoridad competente para determinar si es o no dosis de aprovisionamiento.
Frente a la firma del decreto, el presidente Duque ha recibido críticas por los excesos de autoridad que podrían aplicarse en estos casos.
Así mismo, el Expresidente de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán, consideró inconstitucional el hecho de que la Policía decomise la dosis mínima. Asegura que » A nadie se le puede impedir la realización de un acto que no se encuentre expresamente prohibido» argumentando también que si a cualquiera «lo puedan requisar hay un paso muy peligroso para la libertad personal. Aquí no es aplicar el Código de Policía sino aplicar una norma nueva», agregó Beltrán, quien insistió en que hay un riesgo grande de atentar contra la libertad personal.
Por su parte, el Colectivo de Estudios de Drogas y Derecho y, DeJusticia, enviaron una carta al primer mandatario argumentando por qué consideran que confiscar la dosis mínima es ‘un retroceso, una idea costosa y además estigmatiza a los usuarios de drogas.’ Pues aseguran que no contribuye en el avance de la solución del problema de las drogas y, por el contrario, promueve la discriminación de las personas que las usan.
De igual forma estos dos colectivos señalaron que consideran que las políticas encaminadas a prevenir el consumo a través de herramientas policivas recaen en una gran falla y es que no logran diferenciar el consumo problemático, del consumo ocasional o recreativo.
Para estas organizaciones no es claro cómo el decomiso y destrucción de la dosis personal, que es una medida administrativa es decir que implica multas y no una judicialización y posible privación de la libertad, va a lograr impactar las redes organizadas de narcotráfico y señalan que “éstas no han podido ser desmanteladas a pesar de que el país tiene una de las legislaciones penales más estrictas en esa materia”.
Y, recalcaron que, aunque en Colombia existen ya suficientes herramientas jurídicas para combatir el narcotráfico, es tarea de las autoridades enfocar sus esfuerzos en la persecución de las cabezas de quienes trafican drogas en vez de promover todas las medidas represivas contra las personas que las usan.
Sin embargo el presidente Duque fue enfático al asegurar que su política contra las drogas no se concentrará en una medida coercitiva, sino que tendrá un desarrollo integral. Horas antes de la firma Duque también invitó a reconocer la dimensión del consumo de droga en el país en términos de salud pública, por lo que insistió en que “llegó el momento” de retomar la pedagogía desde la familia y el colegio para que los niños y jóvenes crezcan rechazando las drogas. “Son cientos de miles de consumidores en nuestro país y están creciendo”, aseguró.
De esta forma el jefe de Estado se comprometió a buscar mecanismos que permitan atender a las personas con adicción a las drogas, por lo que hizo un llamado a alcaldes y gobernadores para alcanzar este objetivo.




