¡Capturados gobernador y exgobernadora de San Andrés por corrupción!
Las capturas de Ronald Housny Jaller, gobernador actual de San Andrés, así como de Aury Guerrero Bowie, exgobernadora de San Andrés y nueve funcionarios más, se producen luego de que un año atrás, el fiscal General Néstor Humberto Martínez iniciara las investigaciones en la isla por las demoras en la entrega de obras de infraestructura, de servicios prioritarios para la comunidad y de la apropiación indebida de dineros públicos.
Entre los capturados, aparte del Gobernador y la exgobernadora, están el secretario de infraestructura de San Andrés, Alejandro Lozano; la exsecretaria de Educación, Edelmira Archibold; la jefe de la Oficina Jurídica, Aín Zulema Conolly; la secretaria de Planeación de San Andrés, Tatiana Pérez García; la supervisora de los contratos adjudicados irregularmente, Elizabeth O’Neill; los contratistas Mauricio Jose Rodriguez y Sergio Fabián Lever; el supervisor de contrato Luis Albeiro Urrego y el ingeniero civil Juan Diego Alvis.
La Fiscalía aseguró que tiene información sobre irregularidades en la adjudicacióm de contratos por alrededor de 120.000 millones de pesos, que supuestamente habrían sido entregados a cambio de coimas, las cuales podrían superar los 11.000 millones de pesos.
Entretanto tendrán que responder por los delitos de peculado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y concierto para delinquir.
Los equipos responsables de las pesquisas evidenciaron el otorgamiento de contratos principalmente de infraestructura que ascienden a un total de $120.000.000.000, y cuyos destinatarios corresponden a los mismos involucrados en la recepción de sobornos para quedarse con obras de valorización en Armenia cuyas identidades fueron reveladas por la Fiscalía como Hernán Moreno y Fernando León Diez.
Identificados los adjudicatarios de los contratos, se descubrió que se efectuó el pago de por lo menos 10 % lo que equivaldría a $11.000.000.000 para ser escogidos para la construcción de colegios y parques en el departamento, operación que fue presuntamente secundada por funcionarios de alto nivel gubernamental de la isla.
«Este porcentaje era pagado en las casas de los involucrados, oficinas y en vehículos oficiales. Los contratistas entregaban el valor pactado a intermediarios. Estos serían los encargados de repartir las coimas a los mandatarios y a otros funcionarios», dice la Fiscalía. Todo con el fin, presuntamente, de manipular las licitaciones públicas y descartar a otros oferentes con el pretexto de que no cumplían los requisitos de ley.
Entre los contratos cuestionados, resalta la construcción del Centro de Educación Media Diversificada (Cemed), que fue suscrito por 50.000 millones de pesos y que debió entregarse hace casi cuatro años. Hoy la obra no supera el 50 por ciento de la ejecución.
La Fiscalía compulsará copias a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para que adelante las acciones de su competencia respecto al actual representante a la cámara, Jack Housny Jaller, hermano del gobernador Ronald Housny.
Gobernador actual y encargados estarían involucrados en corrupción con contratos
Sobre el gobernador Housny Jaller pesa una suspensión desde abril pasado y por diez meses, por haber suscrito con la Cámara de Comercio un convenio para la celebración del Green Moon Festival sin que la entidad contara con la idoneidad para ejecutar el objeto contractual.
En su lugar, se había designado como encargado a Alain Enrique Manjarrés.
La Fiscalía afirmó que tanto Housny como Manjarrés estarían involucrados en la adjudicación de tres contratos con una fundación ‘fantasma’, los cuales habrían causado un detrimiento patrimonial superior a los 2.000 millones de pesos.
El ente acusador les imputará a ambos los delitos de contratación sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
«Por estos hechos, se hizo efectiva la captura del contratista Roberto Francis Simpson, quien habría participado en la aprobación de los dineros como representante de la fundación, y a la señora Consuelo Britton Taylor, jefe de la oficina de Familias en Acción de la Gobernación, que habría facilitado las instalaciones de la dependencia a su cargo», dijo la Fiscalía.
