Santofimio se benefició con el crimen de Galán: Procuraduría

La Procuraduría le salió al paso al intento del exsenador Alberto Santofimio de ser cobijado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Tal como habían pronosticado varios medios de comunicación, el Expolítico Santofimio intentó recibir los beneficios de esa jurisdicción para lograr su libertad inmediata y librarse de lo que le falta de la condena a 24 años por el magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento, en 1989.
Sin embargo, la Procuraduría General de la Nación le solicitó a la JEP, rechazar tal petición de acogimiento debido a que los hechos que rodearon el crimen de Galán Sarmiento, por el que fue condenado, no tuvieron relación con el conflicto armado.
“Se trató de un delito común sin relación con el conflicto armado, contrario a lo afirmado por el exsenador en su solicitud de acogimiento a la JEP”, señaló la Procuraduría.
En el documento también se afirma que “el crimen de Luis Carlos Galán buscaba favorecer sus aspiraciones políticas (las de Santofimio) y eliminar obstáculos para continuar con la actividad del narcotráfico (las de Pablo Escobar)”.
De esta forma, el Ministerio Público señala los pactos que hizo Santofimio con el capo del cartel de Medellín, con quien selló una alianza con fines políticos y económicos.
De hecho, precisó que el magnicidio de Galán “obedeció a un contexto de criminalidad relacionada con el narcotráfico, que además pretendía imponer en el país un ambiente de miedo e incertidumbre”.
El 31 de agosto de 2011 la Corte Suprema de Justicia dejó en firme el fallo que condenó a Santofimio como coautor responsable de un concurso de tres homicidios con fines terroristas: del líder del Nuevo Liberalismo Luis Carlos Galán Sarmiento, el detective Santiago Cuervo Jiménez y el concejal Julio César Peñalosa Sánchez.
A esta petición se suma otra que tan solo 48 horas antes le había remitido la Procuraduría a la JEP, en el que también sentó postura sobre otra emblemática condena relacionada con el magnicidio de Galán.
Se trata del caso del general (r) Miguel Maza Márquez, condenado por la Corte Suprema a 30 años de cárcel, quien también busca que la JEP le dé un cupo en su órbita y así lograr, entre otros beneficios, su libertad inmediata. El Ministerio Público –al igual que en el caso de Santofimio– consideró que la sentencia contra Maza Márquez no está relacionada con el conflicto armado y que, por ende, debe regresar a la jurisdicción ordinaria.




