Ibague

Concejales podría usar el mismo recurso que Gustavo Petro o Piedad Córdoba, para tumbar Fallo de la Procuraduría

 

Si bien es cierto y ya se profirió un fallo en segunda instancia por parte del ente de control disciplinario, los concejales de Ibagué no tienen todo perdido, aun podrían recurrir al control judicial a través de una Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, que contempla el código administrativo.

Este medio de control se encuentra consagrado en el artículo138 del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo y procede tanto contra actos de contenido particular, como contra actos de carácter general, pero siempre con la limitante de los cuatro meses de caducidad, independientemente de que clase de acto sea.

La pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho tiene una caducidad de cuatro meses, esto quiere decir, que para poder demandar un acto administrativo a través de nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda se debe interponer dentro de los cuatro meses siguientes a la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo dependiendo el caso; el termino de los cuatro meses se comenzará a contar a partir del día siguiente.

Aunque no se conoce a partir de cuándo debe empezar a regir el fallo sancionatorio, al interponer el recurso la ejecución del mismo podría retrasarse por tiempo indefinido hasta que el Tribunal Administrativo pueda entrar a determinar cómo se va a proceder con la ejecución del fallo.

Consultamos con el presidente del Concejo William Rosas, quien prefirió ser prudente respecto al tema. En los próximos días, una vez sea analizado jurídicamente el fallo se pronunciará mediante comunicado oficial.

La Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, tiene dos instancias, primer y segundo instancia y una tercera ante el Consejo de Estado.

Algunos de los políticos que han recurrido a esta figura jurídica han sido el senador y exalcalde de Bogotà Gustavo Petro, cuando interpuso la medida para evitar que la Procuraduría General de la Nación lo removiera de su cargo por la investigación de Basuras Cero, donde después de casi tres años, el Consejo de estado explicó que la decisión, adoptada por el entonces procurador general, Alejandro Ordóñez, no tuvo en cuenta las pruebas que presentó la defensa del exalcalde sobre el programa de Basuras Cero.

Asimismo, la exsenadora Piedad Córdoba, quien utilizó la misma figura de control de nulidad logró que el alto tribunal determinara, anular la decisión del Ministerio Público. Justificó la sanción disciplinaria consistente en destitución e inhabilidad por 14 años para ocupar cargos públicos en dos testimonios que no pudieron soportar su dicho.

Al parecer, se terminó el proceso disciplinario, pero no la batalla jurídica de los 16 concejales de Ibagué.

Aún nos queda la pregunta, ¿Cuál va a ser el futuro del secretario de inclusión social y exconcejal Carlos Andrés Portela, que también esta sancionado?

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