Duro golpe asestó la Fiscalía a la corrupción del país
En total $24.219’586.430. estarían comprometidos en actos irregulares por parte los judicializados. Los resultados se logran a través del plan ‘Bolsillos de Cristal’ que ha puesto al descubierto los hechos de corrupción que causan el detrimento de los recursos públicos.
En el Cerrito, Valle del Cauca, Mauricio Martínez, alcalde, fue imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.
La ex secretaria de Infraestructura de Mocoa, Putumayo, Marxlin Carolina Peñuela, fue imputada por el delito de prevaricato, por su parte, le fue formulado un nuevo cargo al alcalde durante 2012-2015, Elver Porfidio Cerón, por prevaricato por omisión.
Los dos exfuncionarios son señalados de omitir su responsabilidad constitucional y no tomar acciones preventivas para evitar la tragedia ocurrida entre el 31 de marzo y el 1 de abril del 2017, que dejó 336 personas muertas y alrededor de 100 desaparecidos.
El juez Primero Civil de Montería, Córdoba, Gustavo Jaime Padilla, fue condenado a 9 años y 5 meses de prisión. El funcionario otorgó irregularmente la pensión a un extrabajador de Telecom, cuando era juez promiscuo municipal de Momil (Córdoba). el reconocimiento ascendió a $196’415.845.
La ex secretaria de Hacienda de la Cumbre, Valle del Cauca, Lina María Correa y el contratista Harold Hernán Moreno Cardona, fueron imputados por los delitos de contratos sin cumplimiento de re4quisitos legales y peculado por apropiación.
Por estos hechos también es investigada Blanca Liliana Montoya Hernández, alcaldesa de La Cumbre en el periodo 2016-2019, quien será imputada en audiencia programada para mayo del presente año.
En Villavicencio, fueron recapturados Hugo Leonardo Ortiz Cárdenas, funcionario de la Alcaldía de Villavicencio; Élmer González González, representante legal de Asomaroquia (contratista); Néstor Hernando Romero García, gerente de las TIC en esa empresa; y Jaqueline Casallas Bautista, exempleada de Asomaroquia (tenía contrato por prestación de servicios). A estas personas la Fiscalía les imputó cargos por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo, peculado por apropiación, falsedad en documento público y falsedad en documento privado. La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario. La situación jurídica les será resuelta este lunes 18 marzo.
Los procesados estarían inmersos en las irregularidades relacionadas con el incumplimiento del convenio 0787 realizado el 11 de julio de 2016, entre la Alcaldía de Villavicencio —a través de la Secretaría de Educación— y la Asociación de Municipios de Amazonía y la Orinoquía (Asomaroquia), por un valor de $1.933’180.217, para la prestación del servicio de internet y conectividad a 149 instituciones educativas oficiales esa ciudad.
El alcalde de Santa Rosa de Cabal (Risaralda), Henry Arias Mejía, le fue impuesta medida de aseguramiento domiciliaria por la Fiscalía que lo judicializó como presunto responsable de la celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación en calidad de interviniente. por supuestas irregularidades cometidas en la celebración de contrato que le fue adjudicado a Arias Mejía cuando ostentaba la calidad de contratista. El objeto de dicho contrato era alojar y alimentar a 100 agentes de la Policía Nacional que apoyarían la seguridad en el municipio en la época decembrina. El monto en dinero para cumplir con este contrato era $10.300.000.
Terry Estívenson Moreno Mosquera, trabajador de la Unidad de Reparación Integral a Víctimas del departamento de Chocó, fue cobijado con medida de aseguramiento en su lugar de domicilio e imputado como presunto responsable de apropiarse de auxilios destinados a los afectados por el conflicto armado.
Seis personas, entre exfuncionarios de la Gobernación de Putumayo y la Alcaldía de Puerto Asís. La Fiscalía les formuló cargos por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Edwin Giovanny Ibarra Vallejo, ex secretario de Planeación de la Gobernación; Jaime Wilder Guerrero Rodríguez, abogado de la Gobernación; Mauricio Burbano Bárcenas, funcionario de la Oficina de Planeación de la Gobernación de Putumayo; Jorge Eliécer Coral Rivas, ex alcalde municipal de Puerto Asís; Hugo Hernán Hurtado, ex secretario de Planeación de Puerto Asís; y John Wilfredo Girón Cerón, ex contratista Consorcio interventoría Puerto Asís.
En Motavita, Boyacá, William René Roncancio Bohórquez, secretario de Gobierno de Motavita (Boyacá) para el año 2013, y tres contratistas, fueron señalados como presuntos responsables de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso con peculado por apropiación y abuso de confianza calificado y falsedad material en documento público. En este caso ya fueron imputados cinco funcionarios, incluida la alcaldesa del municipio para la época, Dalila Jazmín Pamplona Pacheco y quién se habría apropiado de cerca de $237.717.000.
En Sucre fueron imputados por los delitos de peculado por apropiación en concurso, heterogéneo con falsedad material en documento público agravado por el uso: Olga Lucía Carta Martínez, alcaldesa de Coveñas para la época de los hechos, Erney Alexánder Barrios Blanco, actual Secretario de Hacienda y Tesorería,José Miguel Mestra Quiroz, Contratista – Coraba. Los tres procesados fueron afectados con medida de aseguramiento en centro carcelario. En este caso se puso en evidencia un fraude millonario del que fue objeto la administración municipal de Coveñas (Sucre), al parecer, por parte de los exfuncionarios, funcionarios y supuestos contratistas. La defraudación total al municipio se estima en $14.762’152.006.
Dentro de la estrategia de Bolsillos de Cristal actualmente son investigadas 2917 personas, 1003 eran funcionarios al momento de ser vinculados, 728 exfuncionarios y 1186 particulares. En el sector justicia son investigadas 241 personas (191 de la Fiscalía), 196 funcionarios y 45 exfuncionarios.
