La Secretaría de Convivencia Ciudadana, Seguridad y Orden Público del Tolima ha liderado un Consejo de Seguridad Departamental con el objetivo de evaluar la problemática penitenciaria y carcelaria en la región, específicamente las constantes amenazas que enfrentan los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) en el Centro Penitenciario y Carcelario de Ibagué (COIBA).
Guillermo Alvira, secretario de Convivencia Ciudadana, Seguridad y Orden Público, manifestó que a partir de hoy se tomarán acciones concretas para solicitar más apoyo en temas de seguridad al director del INPEC. Desde la Gobernación del Tolima, se están preparando para activar la ruta que permita a los funcionarios conocer los beneficios que ofrece el gobierno nacional para su protección.
“Además, se estableció que en los próximos días se articulará con la Secretaría del Interior y la Unidad Nacional de Protección (UNP) la socialización para la activación de la ruta de protección. Esto con el fin de dar celeridad a los procesos que ya se encuentran denunciados ante la Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI)”, destacó Alvira.
Le puede interesar: https://dontamalio.com/nuevas-dependencias-municipales-ibague-concejo/
La situación de seguridad de los funcionarios del INPEC en el Tolima se ha visto gravemente afectada por las constantes amenazas que reciben en el ejercicio de sus funciones. Estas amenazas han generado un clima de preocupación y vulnerabilidad entre el personal penitenciario, quienes requieren de un mayor respaldo y protección por parte de las autoridades.
“Durante el Consejo de Seguridad Departamental, se analizaron a fondo los desafíos que enfrentan los funcionarios del INPEC en el COIBA, con el fin de establecer estrategias y acciones concretas que permitan mejorar sus condiciones de seguridad y garantizar el adecuado desempeño de sus labores”, resaltó.
Sigue nuestra cuenta: https://www.facebook.com/dontamalio
La Gobernación del Tolima ha manifestado su compromiso de trabajar de manera articulada con las diferentes entidades competentes, como el INPEC, la Secretaría del Interior y la UNP, para brindar una respuesta integral y efectiva a esta problemática. El objetivo es asegurar que los funcionarios penitenciarios cuenten con las herramientas y el respaldo necesarios para ejercer sus funciones en un entorno seguro y libre de amenazas.
