Un juez de control de garantías ha impuesto medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Sonia Milena Aguja Viuche, Jorge Enrique Saiz García, Ángel María Aguja Alape y Álvaro Aguja, tras la solicitud de una fiscal especializada de la seccional Tolima. Los cuatro individuos están acusados de los delitos de concierto para delinquir y desplazamiento forzado.
Los hechos investigados ocurrieron entre enero de 2022 y mayo de 2024 en la vereda Nueva Esperanza, jurisdicción del municipio de Coyaima (Tolima). Durante este periodo, los acusados, quienes pertenecen a un resguardo indígena, presuntamente desplazaron a ocho familias indígenas de sus tierras. Según las investigaciones, los predios de las víctimas fueron arrendados posteriormente a ganaderos y arroceros de la zona.
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Sonia Milena Aguja Viuche, quien se cree es la gobernadora de un resguardo indígena en la región, sería la principal autora de estos actos. Las pruebas indican que ella definía los pormenores de los delitos, incluyendo amenazas de asesinato contra las familias que se negaran a abandonar sus tierras.
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Además de las amenazas de muerte, Aguja Viuche habría ordenado la quema de cultivos de plátano, yuca, maíz blanco y flor de Jamaica, así como la matanza de animales de granja y ganado propiedad de las familias afectadas. Estas acciones eran parte de las tácticas para presionar a las víctimas a abandonar sus terrenos.
Uno de los casos de desplazamiento atribuidos a la organización ocurrió en julio de 2023. La víctima, que llevaba más de seis años viviendo en el resguardo, fue desalojada por orden de Aguja Viuche, quien también ordenó la destrucción y quema de las cercas que delimitaban el predio. Además, se exigió a la víctima el pago de 108 millones de pesos para permitirle regresar a sus tierras.
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Capturas y judicialización
Los cuatro procesados fueron capturados el 10 de junio de 2024 durante varias diligencias de registro y allanamientos llevadas a cabo por la Policía Nacional. La investigación sigue su curso para esclarecer todos los detalles y garantizar justicia a las familias desplazadas.
Este caso subraya la importancia de la lucha contra el desplazamiento forzado y otros delitos que afectan a las comunidades indígenas y vulnerables del país. Las autoridades continúan trabajando para asegurar que los responsables de estos actos sean debidamente sancionados y se restituya el bienestar de las víctimas.
