Legalmente la gasolina debería ser más barata
David Jiménez Mejía y Víctor David Bernal Pavas, son estudiantes de economía de la Universidad de Antioquia y habrían logrado demostrar con su tesis de grado en que el cobro de la sobretasa a los combustibles que los colombianos han pagado durante años es ilegal.
El precio de los combustibles es fijado cada mes por el Ministerio de Minas y Energía de acuerdo al comportamiento de los precios internacionales del petróleo, a través de una política de precios. Por tal motivo en Colombia se paga la gasolina corriente y extra y el ACPM como si fuera importada.
Esto sucede porque la Sala Plena de la Corte Constitucional declaró inconstitucional el artículo 121 de la Ley 488 de 1998 que definía que la base gravable “está constituida por el valor de referencia de venta al público de la gasolina por galón, que certifique mensualmente el Ministerio de Minas y Energía”.
Actualmente se estaría violando el principio de legalidad tributaria que significa que solo organismos de representación popular, como el Congreso de la República, pueden imponer tributos, y no por decreto como ocurrió el 24 de diciembre del 2008 cuando se creó el Fondo de Estabilización Petrolera.
En Colombia los precios se administran, no se regulan. Administrar es no perder plata. Si el gobierno ve que no gana, sube el precio y regular es definir los precios con criterios de eficiencia y de mercado.
Pero, aunque se logró la sentencia a favor de lo demandado, queda un sabor agridulce porque en palabras de Jiménez: “Los precios del combustible debieron caer al otro día, si la decisión hubiera tenido efecto inmediato. Pero la Corte moduló los efectos del fallo y le dio dos años al Congreso para legislar, mientras tanto los contribuyentes tenemos que seguir pagando esa sobretasa que fue declarada inconstitucional”.
La sentencia C-030/19 de la Corte Constitucional le ordenó al Congreso de la República en un término de dos años (dos legislaturas) establecer los criterios específicos del cobro. Es decir, que serán los congresistas los encargados de poner orden en los precios.
De no hacerlo en el plazo fijado esa contribución ilegal se caería definitivamente, pero el gobierno seguramente procurará conservar el ingreso que recibe de la sobretasa para la financiación de los sistemas de transporte masivo y de otros sectores como educación y salud.
Entre tanto y mientras se da lugar para el debate de la sentencia, Jiménez Mejía, como abogado, ve una posibilidad de que a los colombianos se les devuelva el dinero que de forma ilegal les han cobrado por la sobretasa a la gasolina. “La Corte condena a los contribuyentes a seguir pagando un tributo que es inconstitucional con la modulación del fallo, pero creo que debe permitírsele al ciudadano buscar el resarcimiento. Yo creo que a través de una acción ante el Consejo de Estado un ciudadano puede recobrar el valor pagado de más, al menos en lo de la sobretasa. Eso se puede hacer”.
