Medardo Lopera, transportador, puso el dedo en la llaga en el tema de la renovación del parque automotor de lo que vendrá con el Sistema Estratégico de Transporte Público, porque más de 500 familias podrían perder su capital.
A los transportadores les preocupa la modernización de ese parque automotor. Lopera explica que «el sistema contempla que todas las 900 busetas que hay en este momento prestando el servicio deben ser renovadas, cambiadas de energías de diésel a energías limpias como es eléctricas y gas, eso significa que las busetas que en la actualidad tienen un valor promedio de 250 millones de pesos tienen que ser chatarrizadas a futuro y cambiadas por unas busetas eléctricas o a gas que en su promedio pueden estar valiendo entre 800 y 1.000 millones de pesos cada unidad».
Los dueños del parque automotor exponen su preocupación frente al costo de un vehículo eléctrico o a gas, por lo que, esperan se tenga la tabla de venta y renta y así no poder perder su patrimonio de años.
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Y agregó: «A los actuales propietarios del parque automotor para hacer ese cambio, prácticamente, nos deja por fuera del sistema, nos deja por fuera del trabajo y entonces eso implica que estemos en riesgo de perder el capital que tenemos invertido en esas busetas y representado en las 900 busetas, eso es un dinero bastante grande».
«La modernización del parque automotor establece que esos vehículos deben entrar nuevos al mercado pero no establece cómo se van a adquirir el nuevo sistema, cómo los va a adquirir y cómo nos va a ganar», anotó.
Lucha por la tabla venta y renta
Dijo que para «defensa de ese capital han luchando desde hace más de seis años u ocho años, creando una tabla de venta y renta que es la que establece el valor de los carros actuales y que en el evento de que los carros queden por fuera el operador o los operadores que vayan a coger ese sistema estén obligados a respetarnos la propiedad que tenemos representada en esos vehículos de acuerdo con esa tabla, y en la actualidad los operadores que tienen a cargo la operación del parque automotor no quieren asumir esa responsabilidad a pesar de que la administración municipal y el ente gestor, a través de tres resoluciones les dio la operación y ellos asumieron esa responsabilidad de pagar esa sobreoferta».
Para Lopera, hay preocupación porque «el nuevo ente gestor habla de que va a adquirir 100 vehículos eléctricos pero no dice qué va a pasar con esos 100 cupos que esos vehículos van a ocupar y que en este momento los tienen a cargo las busetas que están prestando el servicio, no dice cómo van a hacer para que salgan 100 busetas viejas y entren 100 busetas nuevas y cómo se les va a responder por ese dinero que tienen los señores propietarios ahí».
En la administración del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, Lopera contó que se creó el decreto 806 donde establece la tabla de venta y renta y establece la sobreoferta y les da cuatro años para que las empresas que estaban prestando el servicio redujeran esa sobreoferta y pasaron los cuatro años y no lo hicieron, porque ellos pretendían que en el transcurso de esos cuatro años los carros salieran del mercado sin que hubiera que pagarlos, que por vencimiento de vida útil.
Dijo que «la ley 2198 otorga cuatro años más de vida útil a cada una de las busetas que durante el tiempo de pandemia estuvieron prestando el servicio a pérdida y como compensación nació en la ley 2198 y entonces que ocurrió que esa ley impidió que los carros que del 2000 al 2023 diciembre se les venciera la vida útil ya no se les venció pero ellos tampoco han dado la solución para poder sacar adelante el sistema estratégico y que los propietarios que somos más de 500 familias podamos salir por lo menos recuperar el dinero que tenemos invertido».
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Sobre las decisiones tomadas en las mesas técnicas sobre este caso, dijo que están trabajando de la mano de la administración municipal y en la actualidad a mediados de julio de julio del presente año se presentó un impase porque las tarjetas de operación de la empresa Cotrautol se le vencieron y la Secretaría de Movilidad y les dijo que para expedir las tarjetas de operación quedan por fuera como 52 que corresponden a la sobreoferta, definan ustedes cuáles son los vehículos de sobreoferta y entonces le podemos despedir el resto a los otros. Cómo no asumían la reducción de esa sobre oferta entraron en un día en paro y establecieron unas mesas de trabajo mensuales, la primera se venció en agosto 19; la segunda para septiembre 20, tampoco se hizo, y les dieron un plazo hasta el 31 de enero del año entrante para que le den solución al pago de esa sobreoferta y que establezcan cuáles son los vehículos que van a salir»
Lopera contó que ellos como propietarios del parque automotor, afiliados a las empresas, no tienen cabida en esas mesas a pesar de que son los dueños de los carros que van a sacar. «Estamos luchando tanto es así que nos tocó crear una veeduría para que la administración municipal en Secretaría de Movilidad nos den cabida en esas mesas de trabajo, donde se va a resolver la situación de la sobreoferta y en la continuidad digamos por lo menos la vigencia de la tabla de venta y renta porque es que eso es lo que nos preocupa a nosotros».
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