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Supervigilancia de Procuraduría a investigación por muerte de Yefferson Baquero

Ministerio Público verifica que se garantice el debido proceso en investigación contra funcionarios de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Tras conocer la noticia del fallecimiento de un joven de 20 años, identificado como Yefferson Baquero, en la estación de Policía del barrio El Salado, el pasado 6 de octubre de 2024, la Procuraduría General de la Nación inició la supervigilancia administrativa a la investigación disciplinaria que adelanta la Oficina de Control Disciplinario Interno (OCID) y de Instrucción del Departamento de Policía del Tolima contra funcionarios de la Policía Metropolitana de Ibagué.

«El ente de control investiga si un joven se habría quitado la vida momentos después de haber sido capturado, al parecer, por alterar la convivencia ciudadana y trasladado a la sala de detención transitoria de la estación norte, o si por el contrario su muerte pudo originarse como consecuencia de una presunta violación de los derechos humanos o de la omisión en el deber de cuidado que le correspondía a los policiales frente al detenido», se lee en un comunicado del Ministerio Público.

Según lo informaron varios medios de comunicación, los hechos que rodean la muerte de esta persona privada de la libertad (ppl) han generado una serie de interrogantes que hoy mantienen en vilo a su familia y a la comunidad, toda vez que los seres queridos del joven denunciaron abuso de autoridad y señalaron que «un oficial lo habría amenazado de muerte». 

De interés como contexto: «Primero dijeron que se ahorcó con los cordones, luego con la sudadera. No saben ni qué inventar»

En el auto preferido por la Provincial de Instrucción de Ibagué se dispuso enviar la indagación previa que venía adelantando la Entidad a la OCID para su acumulación, dados los avances probatorios que tiene esta oficina sobre esta investigación.

La Procuraduría adelantará la supervigilancia de la actuación teniendo en cuenta la connotación de los hechos y la relación con una posible vulneración de los derechos humanos, a fin de garantizar la defensa del orden jurídico, los derechos y las garantías fundamentales, con miras a la efectividad y eficacia de la acción disciplinaria.

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