Durante la audiencia pública de revisión de la acción popular interpuesta por la Gobernación del Tolima contra las EPS y entidades del sistema de salud, la representante de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), Karen Lorena Rangel Lobo, anunció la interposición de un recurso de reposición y subsidio de apelación ante el Consejo de Estado contra la medida cautelar decretada por el Tribunal Administrativo del Tolima.
Rangel sostuvo que no se garantizaron condiciones de equidad y participación durante la audiencia, argumentando que las entidades demandadas, entre ellas la ADRES, no tuvieron la oportunidad de exponer plenamente sus argumentos frente a la solicitud de medidas cautelares presentada por el Departamento.
No hubo garantías reales porque no se tuvo en cuenta los pronunciamientos de las entidades del Estado. Solo se nos permitió hablar de cifras, sin considerar las razones jurídicas que planteamos frente a la medida”, manifestó.
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La funcionaria también cuestionó que el Tribunal haya tomado decisiones sin sustento probatorio suficiente, señalando que las cifras sobre la cartera vencida del sistema en el Tolima no fueron debidamente verificadas ni auditadas.
Se habla de una cartera de más de un billón de pesos, pero no existe un soporte claro que respalde esos valores. Hay cuentas que ni siquiera han sido glosadas ni reconocidas como deudas reales”, enfatizó.
Asimismo, Rangel indicó que la medida cautelar impone a la ADRES obligaciones que exceden sus competencias legales, como participar en mesas de control y vigilancia de cartera.
La ADRES no tiene funciones de control ni de vigilancia sobre cartera vencida de terceros. Esa orden es de imposible cumplimiento”, aseguró.
Finalmente, la representante de la entidad solicitó al Tribunal revocar la medida o, en su defecto, que el Consejo de Estado revise el caso para garantizar el debido proceso y la participación efectiva de todas las partes involucradas.
