¡Alarma en el Tolima! 7 municipios se quedan sin bomberos y ponen en riesgo la vida de miles de ciudadanos

La Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima ha encendido las alarmas tras constatar una situación crítica en varios municipios del departamento que operan sin un convenio formal con los cuerpos de bomberos, lo que motivó a la radicación de un oficio urgente ante la Procuraduría. La titular de la cartera, Érika Lozano, advirtió con firmeza: «nos hemos encontrado que a veces se toma esto a la ligera, más en esta situación y aunado a ello porque es sumamente indispensable que estos convenios de bomberos estén vigentes».

La urgencia de estos vínculos contractuales radica en la capacidad de reacción inmediata ante emergencias, ya que los gobiernos locales actúan como los primeros respondientes en cualquier eventualidad antes de activar escalonamientos operativos mayores. Al respecto, Lozano señaló que «es indispensable poder entrar a determinar la respuesta, que como les decía, los primer respondientes son los municipios. Luego sí se hace, digamos, el escalonamiento respectivo, una vez se superen las capacidades de respuesta».

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Entre las localidades señaladas que carecen de contratos activos figuran municipios como Santa Isabel, que a pesar de no contar con un cuerpo propio requiere un acuerdo con entidades vecinas; asimismo, se suman a la lista crítica Piedras, Valle de San Juan, Cunday, Alpujarra, Herveo, Cajamarca, Coyaima y Villarrica, enfrentando severas limitaciones logísticas y operativas.

Ante este panorama de vulnerabilidad, la funcionaria hizo un llamado directo a los mandatarios locales para que prioricen la protección ciudadana frente a la restricción presupuestal. Lozano reflexionó abiertamente sobre el costo de la desidia institucional: «es precisamente cuánto le vale a un alcalde llevar unidades de apoyo para su logística y cuánto les puede costar un convenio con los bomberos».

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Finalmente, la Secretaría recordó que la continuidad en la prestación de este servicio público esencial no puede suspenderse bajo ninguna circunstancia administrativa, por lo que la intervención de los organismos de control busca obligar a los alcaldes a realizar los esfuerzos presupuestales necesarios para blindar a sus comunidades antes de que ocurra una tragedia irreversible.