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Alcalde de Ibagué en desacato y multado con $29 millones por incumplimiento de fallo judicial

El alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, ha sido declarado en desacato por el Tribunal Administrativo del Tolima debido al incumplimiento de un fallo judicial que ordenaba la construcción de una obra destinada a mitigar el riesgo en el Conjunto Residencial Fénix en Calambeo.

La sentencia, que data de 2015, derivó de una acción popular interpuesta tras el colapso de un muro de contención y la amenaza de un posible derrumbe de un talud de tierra que ponía en riesgo varias viviendas del conjunto, ubicado cerca de la quebrada Cristales.

El fallo emitido por el Tribunal Administrativo del Tolima establece que el alcalde Andrés Hurtado deberá pagar una multa de $29.000.000 como sanción por su desacato. Además, se le otorga un plazo de 10 días para pagar dicha multa con recursos propios, contados a partir de la ejecución de la providencia. En caso de no cumplir con el pago en el plazo establecido, se hará efectivo un arresto que no podrá exceder seis meses.

El problema de inestabilidad del terreno en el Conjunto Residencial Fénix se ha agravado con el tiempo y las condiciones climáticas, y a pesar de que los afectados tenían un fallo a su favor emitido en 2019 por el Consejo de Estado, las medidas preventivas necesarias no se llevaron a cabo. La falta de acción por parte del Gobierno Local llevó a la apertura de un incidente de desacato en junio de 2022 contra el alcalde Hurtado.

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Quince días después de la apertura del incidente de desacato, la Secretaría de Infraestructura realizó los estudios y diseños de las obras de mitigación y contención de la quebrada Los Cristales, así como el trámite ambiental ante Cortolima. A pesar de que la autoridad ambiental otorgó los permisos necesarios, el Municipio no avanzó con las obras.

La Alcaldía informó que había publicado el pliego de condiciones para seleccionar al contratista de las obras civiles para el control de erosión, corrección y protección del cauce de la quebrada Cristales. Sin embargo, la administración del Conjunto Fénix, que es la demandante en este caso, indicó que hasta el 29 de agosto, las obras no habían sido adjudicadas ni realizadas por el Municipio, lo que pone en riesgo la vida de los residentes del sector.

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El Tribunal Administrativo del Tolima ha destacado la falta de acción y diligencia del Municipio en el proceso, ya que es el principal responsable de cumplir con la decisión judicial que protege los derechos colectivos de la comunidad del conjunto. Cortolima, que también estaba involucrada en el caso, fue excluida del desacato debido a su cooperación y al otorgamiento de permisos para la intervención del cauce de la quebrada.

Este desacato y la multa impuesta al alcalde Andrés Hurtado ponen de manifiesto la importancia de cumplir con las decisiones judiciales y de garantizar la seguridad de las comunidades en riesgo en Ibagué. Las autoridades deberán tomar medidas para garantizar que se lleven a cabo las obras necesarias y se cumplan los fallos judiciales en beneficio de la población afectada.

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