La alcaldesa de Ibagué, Johana Ximena Aranda, enfrenta su segunda sanción en menos de una semana debido al incumplimiento de órdenes judiciales en dos sectores de la ciudad. El Juzgado Séptimo Administrativo de Oralidad del Circuito de Ibagué determinó que la mandataria no cumplió con la ejecución de obras y campañas de educación sanitaria en el barrio Protecho Salado, sumándose así a una primera sanción relacionada con la adecuación vial en la calle 18 entre La Unión y El Jazmín.
Multa por obras y educación sanitaria en Protecho Salado
El juzgado impuso a la alcaldesa una multa de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, tras confirmar que el municipio de Ibagué no cumplió con una sentencia de 2022, que ordenaba la realización de obras de infraestructura y la implementación de campañas educativas sobre salubridad en las manzanas 15 y 16 del barrio Protecho Salado.
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A pesar de múltiples advertencias y llamados judiciales, no se ejecutaron las obras de pavimentación ni las actividades pedagógicas sobre el manejo adecuado de residuos y la prevención de focos infecciosos en la comunidad. El Tribunal Administrativo del Tolima ya había señalado en 2023 la falta de avances significativos y la ausencia de pruebas que evidenciaran el cumplimiento de la sentencia.
En su defensa, la administración municipal argumentó en noviembre de 2024 que no se encontraron recursos asignados en el presupuesto vigente para cumplir con el fallo. Sin embargo, el juzgado determinó que esta justificación no eximía de responsabilidad a la mandataria, ya que el municipio tenía la posibilidad de gestionar fondos o adoptar medidas transitorias para acatar la orden judicial.
Sanción por incumplimiento en la calle 18
El primer fallo en contra de la alcaldesa fue emitido el 3 de febrero, cuando el mismo juzgado le impuso una multa de cinco salarios mínimos por el incumplimiento de una sentencia de 2010. Dicha sentencia ordenaba la recuperación del espacio público y la adecuación de infraestructura vial en la calle 18 entre carrera 28 Sur, un sector donde las condiciones de seguridad para transeúntes y vehículos siguen siendo precarias.
A pesar de algunas intervenciones parciales en 2022, las obras no se han concluido y persisten riesgos para la comunidad. Según el juzgado, la falta de avances constituye una vulneración de los derechos colectivos de los habitantes, por lo que el fallo fue remitido al Tribunal Administrativo del Tolima para su revisión en consulta.
Repercusiones y expectativas
Ambos incidentes han generado preocupación entre los habitantes de Ibagué, quienes exigen respuestas y soluciones inmediatas. La comunidad espera que la administración municipal acate las decisiones judiciales y tome medidas concretas para garantizar la ejecución de las obras y la implementación de las campañas educativas requeridas.
Mientras tanto, la alcaldesa Johana Aranda deberá responder ante el Tribunal Administrativo del Tolima, que revisará en consulta las sanciones impuestas y determinará si se adoptan nuevas medidas para asegurar el cumplimiento de los fallos.
