En medio de la incertidumbre que rodea el desalojo en Villa Resistencia, el secretario de Gobierno de Ibagué, Edward Amaya Márquez, brinda información crucial sobre el estado actual de la situación y los pasos que seguirá la administración municipal. A pesar de cien tutelas interpuestas por los ocupantes ilegales, la posibilidad de desalojo persiste, y el funcionario ofrece detalles importantes sobre los eventos recientes.
Orden Judicial y Desestimación de Tutelas
Amaya Márquez destaca que se había estipulado inicialmente una fecha para el desalojo en enero. Sin embargo, debido a las tutelas presentadas, el proceso se ha vuelto más complejo. Revela que el juez desestimó la solicitud de los invasores para evitar el desalojo, y la administración continuará con el trabajo administrativo previo necesario para llevar a cabo la orden judicial.
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«En estos momentos, no se está adelantando ninguna acción para el desalojo. Continuamos con el trabajo previo administrativo que deberá concluir en el desalojo porque hay una orden judicial. No estoy diciendo que se desarrollará este mes, ya que estos temas son delicados y dependen de múltiples instituciones«, aclara el Secretario.
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Reubicación y Acceso a Vivienda
Ante la pregunta sobre la posibilidad de reubicación y acceso a vivienda para las personas afectadas, Amaya Márquez se refiere a una sentencia de unificación de la Corte Constitucional. Explica que la administración no está obligada a proporcionar vivienda, sino a facilitar el acceso a programas de vivienda. Se debe realizar un censo, informando al Ministerio de Vivienda y otras entidades para incluir a estas personas en los listados de potenciales beneficiarios de vivienda.
«Hay que buscar que estas personas accedan a programas de vivienda. No es que se les tenga que dar una vivienda, sino que se informa a las entidades pertinentes sobre su situación», comenta el Secretario.
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Cifras y Desafíos
En cuanto al número de personas en Villa Resistencia, Amaya Márquez menciona un censo previo que reportó al menos 695 personas, pero afirma que se debe revisar esa cifra para obtener datos actualizados. Además, reconoce la existencia de al menos 30 invasiones en la ciudad, recordando que muchos barrios de Ibagué surgieron inicialmente como invasiones.
La situación en Villa Resistencia continúa siendo un tema delicado que involucra no solo la acción inmediata de la administración sino también la consideración de factores legales, sociales y humanitarios. La espera de la orden judicial y las medidas posteriores serán clave para determinar el futuro de los ocupantes ilegales y el impacto en la ciudad.
Cabe señalar que el pasado 20 de diciembre, la comunidad de Villa Resistencia en Ibagué experimentó un giro significativo en su destino cuando el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Ibagué ordenó la suspensión del desalojo y la demolición de las viviendas en este predio, ubicado en la Tercera Etapa de la Ciudadela Simón Bolívar.
En medio de un proceso judicial en el que solo cuatro de las 320 familias que residen en el predio podrían recibir algún tipo de beneficio después del desalojo, el ciudadano Simón Alexander Prada Abello presentó una acción de tutela. Esta acción legal, dirigida contra la Alcaldía de Ibagué, la Secretaría de Gobierno e Inspección Octava de Descongestión de Policía, la Secretaría de Planeación, la Corporación Autónoma Regional del Tolima, entre otras entidades, alegó la vulneración al debido proceso.
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La tutela vinculó a diversas instituciones, desde la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas hasta el Ministerio de Vivienda, y argumentó la presunta vulneración de derechos fundamentales. La decisión fue adoptada por el juez Carlos Iván Ferreira Hernández.
Impacto en el Desalojo Planificado
La acción de tutela no solo logró admitirse sino que también conllevó la vinculación de otras entidades para evaluar si se vulneró o no el debido proceso del accionante. Además, se concedió la medida provisional solicitada, suspendiendo temporalmente la orden de desalojo y demolición de las viviendas en Villa Resistencia.
Esta medida no solo detuvo la operación de desalojo que estaba programada para esa semana, sino que también trasladó la responsabilidad del procedimiento a la administración de la alcaldesa Johana Aranda. Cabe destacar que, previo a esta decisión judicial, se habían movilizado refuerzos policiales desde Bogotá para respaldar la recuperación del terreno.
