La crisis en la entrega de medicamentos por parte de la EPS Famisanar y su operador Marcazsalud desató una fuerte reacción de la Alcaldía de Ibagué, que convocó una mesa pública de trabajo tras evidenciarse graves fallas en el servicio. La intervención, respaldada por la Superintendencia Nacional de Salud, derivó en compromisos concretos que deberán cumplirse de manera inmediata para evitar que los usuarios sigan siendo vulnerados en su derecho a la salud.
Los operativos adelantados por la Secretaría de Salud Municipal revelaron una situación alarmante: estanterías vacías, retrasos en la entrega de fórmulas médicas y un índice de incumplimiento superior al 90 %. Estas deficiencias generaron indignación en la ciudadanía, que ha tenido que enfrentar largas filas, demoras injustificadas y la falta de medicamentos esenciales, incluso para pacientes con enfermedades de alto costo como el cáncer.
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Ante la gravedad de los hallazgos, la alcaldesa Johana Aranda lideró la convocatoria a la mesa de trabajo realizada el lunes 15 de septiembre, en la que participaron la Superintendencia de Salud, la Secretaría de Salud Departamental, veedurías ciudadanas, la Personería Municipal, la Defensoría del Pueblo, concejales y decenas de usuarios afectados. La Administración Municipal destacó la masiva asistencia de los afiliados a Famisanar, quienes denunciaron públicamente las irregularidades.
El encuentro dejó claro que la situación no podía seguir en el mismo rumbo. La presión de las autoridades locales, sumada a la vigilancia de la Supersalud, obligó a Famisanar y Marcazsalud a firmar un paquete de compromisos de obligatorio cumplimiento:
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Entrega inmediata de los medicamentos atrasados a los pacientes presentes en la mesa, en un plazo no mayor a 24 horas.
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Diseño y presentación en 48 horas de un plan de choque que asegure la entrega oportuna a todos los afiliados en Ibagué.
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Habilitación de un baño funcional para los usuarios que acuden a la farmacia.
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Refuerzo del personal de atención para evitar maltratos y garantizar un servicio digno.
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Supervisión directa de Famisanar sobre la operación de Marcazsalud y, en caso de incumplimiento, disponer de un operador alterno.
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Priorización en la entrega de medicamentos para pacientes oncológicos y con enfermedades psiquiátricas.
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Cumplimiento inmediato de tutelas y fallos judiciales relacionados con la entrega de medicamentos.
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La secretaria de Salud, Liliana Ospina, fue enfática al señalar que no habrá tolerancia frente a nuevos incumplimientos. “La comunidad nos acompañó de forma activa y eso nos da más fuerza para actuar con firmeza. Este es un problema que afecta la vida y la dignidad de las personas, y no vamos a permitir que se repita la negligencia”, afirmó la funcionaria.
La Administración Municipal dejó en claro que el seguimiento será estricto y que, si las medidas no se cumplen, se solicitarán sanciones inmediatas contra la EPS y su operador. La Superintendencia, por su parte, se comprometió a ejercer control directo sobre el caso y a garantizar que las órdenes emanadas en la mesa pública tengan efectos reales en los próximos días.
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La situación ha encendido las alarmas sobre la responsabilidad de las EPS en la atención de sus afiliados y sobre la necesidad de ejercer una vigilancia más rigurosa a los operadores que manejan los puntos de dispensación. La ciudadanía exige resultados inmediatos y advierte que no aceptará excusas frente a un derecho tan sensible como el acceso a medicamentos.
