Los hechos se registraron el pasado sábado, cuando Mariana Amaya comenzó a recibir mensajes amenazantes que, según su testimonio, buscaban impedir su participación en una sesión del Consejo Municipal de Juventudes realizada al día siguiente. De acuerdo con la joven, los mensajes contenían lenguaje agresivo, intimidatorio y referencias directas a su entorno personal y político.
Entre los apartes conocidos de las conversaciones se evidencian frases como: “sabemos dónde vive en la comuna 6”, “es mejor que no vaya mañana” y “la vamos a sacar del consejo de juventudes”, lo que ha generado preocupación por un posible intento de presión o constreñimiento político.
“Me quedé muy afectada, llorando en mi casa. No entiendo el motivo de estas amenazas, pero sí generan miedo, no solo en mí, sino en otros compañeros que también habrían recibido mensajes similares”, expresó Mariana Amaya.
Por su parte, el edil Javier Amaya relató que, tras conocer la situación, se activaron de inmediato las rutas de atención. Inicialmente se contactó a la Policía Metropolitana, que hizo presencia en el lugar, y posteriormente se intentó interponer la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, debido a la atención prioritaria de casos urgentes, el proceso tuvo que realizarse de manera virtual, el cual será ratificado formalmente.
Asimismo, el caso fue puesto en conocimiento de la Unidad Nacional de Protección (UNP), con el fin de evaluar posibles medidas de seguridad para la joven consejera y su núcleo familiar.
El hecho cobra mayor relevancia en un contexto político activo en la ciudad, donde líderes juveniles y actores de distintos sectores han comenzado a intensificar su participación. Según versiones entregadas durante la entrevista, no se descarta que las amenazas tengan un trasfondo político, debido a que quienes enviaron los mensajes tendrían conocimiento detallado de la actividad interna del CMJ.
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En medio de la situación, distintos líderes políticos expresaron su respaldo a la familia Amaya y rechazaron cualquier forma de intimidación. Coincidieron en la necesidad de garantizar condiciones seguras para el ejercicio de la participación política, especialmente en escenarios juveniles.
Las autoridades avanzan en la verificación de los hechos para identificar a los responsables y determinar si existe una estructura detrás de las amenazas. Entre tanto, se hizo un llamado a fortalecer los mecanismos de protección para líderes sociales y políticos, así como a rechazar cualquier acto de violencia o presión en el ejercicio democrático.
El caso sigue en investigación.
