Una compleja situación de orden público se vive en el municipio de Ataco luego de los enfrentamientos registrados durante operativos de la fuerza pública contra actividades de minería ilegal. En entrevista con medios regionales, el personero municipal, Jean Khristian Cumbe Lozano, aseguró que existen indicios de posible instrumentalización de civiles por parte de grupos armados ilegales.
Los disturbios dejaron vehículos oficiales destruidos, uniformados lesionados y un ambiente de creciente preocupación entre las autoridades locales y la comunidad, especialmente en sectores donde desde hace meses se han instalado campamentos improvisados vinculados a actividades extractivas ilegales.
Vehículos destruidos y ataques contra la fuerza pública
De acuerdo con el Ministerio Público municipal, los hechos ocurrieron en medio de operativos que se vienen desarrollando desde hace varias semanas en zonas donde se adelantan labores de extracción ilegal en yacimientos mineros.
Según explicó el personero, durante los procedimientos un grupo de personas intentó impedir las acciones de la Policía y el Ejército, generándose actos violentos que terminaron con daños materiales significativos. “El reporte que tenemos es de un vehículo tipo furgón destruido, perteneciente a la fuerza pública, y una camioneta de la Policía Nacional que también fue dañada”, indicó Cumbe Lozano.
Las autoridades confirmaron además que varios uniformados resultaron lesionados por golpes con piedras, palos y objetos contundentes durante los disturbios. Aunque no se reportaron víctimas fatales, sí hubo un civil herido superficialmente por arma de fuego, quien posteriormente fue dado de alta.
“Hay serio convencimiento de participación de grupos armados”
Uno de los puntos más delicados expuestos por el personero tiene que ver con la presunta injerencia de estructuras armadas ilegales en los hechos ocurridos. “Tenemos serio convencimiento de que puede existir participación de grupos armados al margen de la ley”, afirmó el funcionario.
Según explicó, gran parte de las personas involucradas en los disturbios no pertenecerían a la población tradicional de Ataco ni del corregimiento de Santiago Pérez, sino a grupos flotantes que han llegado al territorio atraídos por la minería ilegal. “No tengo duda de que pueda haber instrumentalización para estos ejercicios”, agregó.
Las declaraciones coinciden con versiones manejadas por autoridades regionales y organismos de inteligencia que desde hace meses alertan sobre el crecimiento de economías ilegales y la presencia de actores externos en zonas rurales del sur del Tolima.
Entre 3.000 y 5.000 personas flotantes han llegado al municipio
Uno de los aspectos más alarmantes revelados por el Ministerio Público es el crecimiento acelerado de población flotante asociada a la minería ilegal.
Aunque Ataco tiene entre 20.000 y 23.000 habitantes, las autoridades calculan que actualmente hay entre 3.000 y 5.000 personas externas asentadas temporalmente en áreas relacionadas con estas actividades extractivas.
La situación ha generado una fuerte presión sobre los servicios públicos, el sistema de salud y la convivencia en el municipio.
“Puente Amarillo es prácticamente una vereda improvisada, donde no hay saneamiento básico ni agua potable”, señaló el personero.
Además, explicó que el hospital local enfrenta graves dificultades debido al incremento de emergencias médicas relacionadas con esta población.
“Se han tenido que suspender servicios normales para atender urgencias”, aseguró.
Aumento de homicidios y deterioro social
Las autoridades locales también manifestaron preocupación por el incremento de fenómenos de inseguridad y violencia asociados al auge de la minería ilegal.
Cumbe Lozano indicó que durante lo corrido del año ya se superaron las cifras de homicidios registradas en 2025, situación que consideran directamente relacionada con el deterioro social generado por estas economías ilícitas.
“Tenemos niveles de consumo y muchas problemáticas que nos han maniatado para hacer control social”, afirmó.
La Personería sostiene que el municipio enfrenta una crisis compleja que mezcla problemas de seguridad, salud pública, informalidad y presencia de actores ilegales.
Operativos continuarán en la región
Pese a los disturbios, las autoridades dejaron claro que los operativos continuarán en Ataco y otros municipios del sur del Tolima como Chaparral.
El personero confirmó que estas acciones no son nuevas y hacen parte de procedimientos que la fuerza pública viene desarrollando desde hace tiempo para combatir la extracción ilegal y proteger el medio ambiente.
Sin embargo, advirtió que la respuesta institucional también debe incluir atención humanitaria y social para las comunidades involucradas.
“Tenemos que hacer una intervención humanitaria frente a esta situación”, indicó.
La Defensoría del Pueblo y otros organismos del Ministerio Público ya iniciaron acompañamiento en la zona mientras continúan las investigaciones y los operativos de control por parte de las autoridades.
