El proceso judicial mantiene en vilo el futuro inmediato de la administración municipal de Ataco, mientras el juez de control de garantías deberá analizar los argumentos presentados por la Fiscalía y la defensa antes de determinar si impone o no una medida de aseguramiento.
La diligencia comenzó el jueves 2 de octubre ante el Juzgado Primero Penal Municipal de Chaparral, despacho que asumió el proceso después de que se definiera la competencia para conocer la solicitud de la Fiscalía. La audiencia fue suspendida y continuará este lunes.
Los $21.550 millones que están en el centro de la investigación
La investigación está relacionada con un proyecto que contemplaba la construcción de 1.170 baterías sanitarias en zonas rurales de Ataco, financiado con recursos del Sistema General de Regalías.
Según la Fiscalía, los contratos cuestionados, relacionados con una obra y dos interventorías, fueron suscritos entre junio y agosto de 2022, cuando Miller Aldana Castro se desempeñaba como alcalde del municipio.
El proyecto tenía una financiación de $21.550 millones y, de acuerdo con la información expuesta por el ente investigador, permanece inconcluso. La investigación busca establecer si existieron maniobras para direccionar los contratos y favorecer presuntamente a particulares.
Precisamente, este es el origen de la cifra que se ha convertido en uno de los principales elementos del proceso contra los actuales y anteriores responsables de la administración municipal.
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Fiscalía pide que el alcalde y los otros capturados vayan a prisión
Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó que Héctor Fabio Muñoz Briñez, Miller Aldana Castro y el contratista involucrado sean cobijados con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso.
El ente investigador ha planteado posibles responsabilidades individuales relacionadas con delitos como interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público agravada y peculado por apropiación agravado, de acuerdo con las circunstancias atribuidas a cada uno de los investigados.
La Fiscalía sustenta parte de su investigación en más de 300 audios producto de interceptaciones telefónicas, además de documentos y otros elementos materiales probatorios que fueron incorporados al expediente.
¿Qué pasará este lunes?
La continuación de la audiencia permitirá que avance el debate entre la Fiscalía y los abogados defensores y, posteriormente, será el juez quien determine si se cumplen los requisitos legales para imponer una medida de aseguramiento.
La decisión será determinante para el futuro inmediato de la Alcaldía de Ataco.
Si el juez ordena una medida que impida al alcalde continuar ejerciendo sus funciones, la Gobernación del Tolima tendría que activar el procedimiento correspondiente para determinar quién asumiría temporalmente el cargo.
La gobernadora Adriana Magali Matiz ya explicó que la administración departamental está revisando jurídicamente ese escenario, pero que cualquier decisión dependerá de lo que determine el juez. Si Muñoz recupera su libertad y puede continuar ejerciendo el cargo, no sería necesario avanzar en la designación de un alcalde encargado.
Por ahora, la Secretaria de gobierno Yesica Horta, asumió como alcaldesa encargada del municipio de Ataco.
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