La gobernadora Adriana Magali Matiz desmintió a quienes habían asegurado que un Acuerdo Municipal aprobado por el Concejo de Cajamarca había sido enviado a revisión al Tribunal Administrativo del Tolima.
Se trata del Acuerdo 05 del 28 de febrero de 2026, emitido por el Concejo Municipal cajamarcuno y sancionado por el alcalde Camilo Valencia, que declara áreas de interés social y utilidad pública para la protección y conservación de la diversidad biológica y utilización sostenible a varios inmuebles ubicados en el municipio de Cajamarca.
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«Ante algunas de las informaciones que se publicaron donde decía que desde la Gobernación habíamos mandado a revisión ese acuerdo al Tribunal Convencioso Administrativo, pues quiero aquí reiterar el comunicado que sacamos el día de ayer donde claramente manifestamos que desde la Gobernación del Departamento del Tolima habíamos tomado la decisión de acuerdo a nuestro criterio jurídico y obviamente a nuestra posición en tema ambiental de no remitir ese acuerdo al Honorable Tribunal», dijo la mandataria.
Gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz.
Y agregó: «El plazo para enviar ese acuerdo venció el 15 de abril, es decir, la semana inmediatamente anterior y nosotros ya habíamos tomado obviamente esa decisión, así que el acuerdo no fue enviado al Tribunal para revisión».
El pasado fin de semana, la mandataria seccional también se pronunció a través de su cienta en la red social X, escribiendo lo siguiente:
“He sido respetuosa de la Constitución y la Ley y de la autonomía ciudadana frente a las decisiones en el territorio tomadas en democracia, y mucho más sobre temas trascendentales que impactan el territorio como el agua, la vida o la minería”, dijo la Gobernadora.
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Y agregó: “Actividad esta que, ejercida de manera legal y responsable con el ambiente, genera empleo, desarrollo, ingresos a las regiones y pago de impuestos; pero que, de manera ilegal, es depredadora y destructiva de los ecosistemas y ríos”.
“En tal sentido, es potestativo de los mandatarios solicitar a las autoridades competentes las actuaciones, cuando se considere necesario o un tema importante lo amerite, para establecer un cierre legal definitivo sobre el mismo. Y en este caso, Cajamarca y la extracción de oro lo ameritan”, puntualizó la mandataria.
