Los implicados, identificados como el sargento viceprimero José Arturo Cavarique Acosta, el sargento segundo Jhorman Francisco Torres Parra y el suboficial José Arturo López Astudillo, presuntamente sustraían cerca de 40.000 cartuchos para fusil de distintos batallones del país cada mes. Según la Fiscalía General de la Nación, los acusados manipulaban los sistemas de registro del Ejército para ocultar el faltante y facilitaban el envío de la munición en compartimentos de vehículos de transporte interdepartamental hacia departamentos como Cauca y Arauca.
La investigación del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) reveló que los militares recibían pagos por las transacciones, que eran realizados a través de cuentas bancarias y billeteras virtuales. Las capturas se realizaron en operaciones coordinadas con el Ejército Nacional en puntos estratégicos como el Fuerte Militar de Tolemaida (Cundinamarca), el Hospital Militar de Bogotá y el Comando de Operaciones Logísticas N°2 en Cali.
Una fiscal de la Seccional Tolima imputó a los detenidos los delitos de concierto para delinquir, tráfico de armas de uso privativo, peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, violación de datos personales y acceso abusivo a sistemas informáticos. Sin embargo, los acusados no aceptaron los cargos.
El caso pone en evidencia un grave problema de corrupción y filtración en las filas militares, mientras las autoridades avanzan en desmantelar las redes criminales que alimentan el conflicto armado en Colombia.