El municipio de Carmen de Apicalá está caliente, y no por las fuertes temperaturas que llegan hasta los 42 grados, sino por la decisión del Tribunal Administrativo del Tolima que en un fallo de primera instancia deja nula la elección de Luis Ángel Gutiérrez como alcalde.
El secretario de Gobierno de Carmen de Apicalá, Juan Espinosa, sostuvo que «la decisión del Tribunal Administrativo es una decisión de primera instancia. Y en esa primera instancia lo que le da el derecho a las personas, tanto demandante como demandado, es que en caso de no estar de acuerdo con la decisión del Tribunal, puede recurrir a una segunda instancia que en este caso es el Consejo de Estado. Entonces, frente al caso específico del señor alcalde Luis Ángel Gutiérrez, pues se va a recurrir a la segunda instancia, que es el Consejo de Estado, para que determine si realmente hubo o no hubo una inhabilidad».
Espinosa indicó que «eso ya fue juzgado en otro entorno» y aclaró que fue en «el Consejo Nacional Electoral, que es el que evalúa si un candidato o una persona que aspire a ser candidato a unas elecciones territoriales puede o no puede ser candidato».
«Ya la inscripción del señor alcalde como candidato había sido demandada por los mismos autores de esta segunda demanda, en la cual le pedían al Consejo Nacional Electoral que no le permitieran a Luis Ángel Gutiérrez ser candidato a la Alcaldía del Carmen por los mismos hechos y en la supuesta celebración de un contrato dentro de los prohibiciones de la ley, dentro del término de prohibición de la ley, que es un año antes de las elecciones. El Consejo Nacional Electoral, como máxima autoridad electoral de este país, rechazó la solicitud encontrando que efectivamente el alcalde no estaba impedido para participar en las elecciones y por ende Luis Ángel Gutiérrez, candidato, procedió a hacer su inscripción», explicó el funcionario.
Relató que «una vez inscrito y gana, ya en el ejercicio, los mismos demandantes recurren al Tribunal Administrativo diciendo que él estaba inhabilitado para inscribirse y que por ende su credencial, otorgada por la Registraduría Nacional como alcalde electo del Carmen de Apicalá, no debió haber sucedido. El Tribunal Administrativo del Tolima no considera que este caso ya había sido juzgado por el Consejo Nacional Electoral en la inscripción y simplemente con sus argumentos jurídicos resuelve fallar en contra de Luis Ángel Gutiérrez y en favor de los demandantes. Ahora bien, dado que todas las personas tienen derecho a una segunda instancia, pues el alcalde Luis Ángel Gutiérrez tiene una segunda instancia que es el Consejo de Estado».
Dijo que «el Consejo de Estado, que no es un organismo territorial como sí pasa con el Tribunal Administrativo, sino que por ser de carácter nacional toma decisiones más definitorias y está mucho más lejos de las influencias regionales, es quien finalmente tendrá que decidir si la elección del señor alcalde Luis Ángel Gutiérrez tuvo alguna inhabilidad o no».
Señaló que «en caso en que el Consejo de Estado determine que sí hubo una inhabilidad, va a haber un problema jurídico en el país, porque ya la máxima autoridad electoral bajo los mismos supuestos ya había dicho que él se podía inscribir, y si se podía inscribir, pues evidentemente podía resultar ganador de la contienda electoral, como efectivamente resultó el alcalde Luis Ángel Gutiérrez con un poco más de 4.000 votos en una población de 10.000 habitantes, que además fue una votación histórica».
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Sobre los caminos jurídicos que siguen para el mandatario en caso de darse una negativa en el máximo tribunal administrativo de Colombia, tendrían que apelar por dos razones fundamentales: «Uno, que ya había sido avalado por el Consejo Nacional Electoral en su inscripción por los mismos hechos. Y dos, que no tiene cabida jurídica para nosotros en nuestro leal saber entender lo que ha hecho el Tribunal Administrativo y empezar una nueva defensa. Este proceso podrá tomar entre tres y cuatro meses, es decir, al final de este año, hacia el 2 de diciembre, pues el Consejo de Estado ya tiene que haber fallado de fondo y haber dicho quién tiene la razón si el Consejo Nacional Electoral o el Tribunal Administrativo».
Explicó que «como el Tribunal Administrativo no está de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral, pero ya no es competencia del Consejo Nacional Electoral, sino competencia del Consejo de Estado, entonces, pues, la apelación va a ser al Consejo de Estado y dentro de los argumentos que está y que tendría cualquier ciudadano, es, oiga, si yo no hubiera podido participar, ¿por qué el Consejo Nacional Electoral me habilitó? Porque si usted no me habilita, pues yo no participo. Si no participo, no gano. Y si no gano, pues no demandan ahora mi contribución como alcalde. Entonces, ahí podría haber un choque de trenes en las competencias, puesto que ya previamente Luis Ángel Gutiérrez, como candidato, bajo los mismos hechos evaluados por el Consejo Nacional Electoral, le habían dado el visto bueno para su inscripción».
Adversarios políticos
En cuanto a si la demanda contra el alcalde Luis Ángel Gutiérrez tendría que ver con las denuncias de la administración sobre hechos relacionados con Daguas, dineros no muy santos, pagos de dineros y que terminan en los bolsillos de terceros, dijo que «eso está dentro de las posibilidades, porque de hecho uno de los accionantes aquí, que es un exconcejal del Carmen de Apicalá, hoy en día ya tenemos el proceso de investigación y seguramente futuras denuncias de carácter penal, de carácter disciplinario, de carácter fiscal, porque nosotros digamos que lo que hemos hecho estos siete meses es tratar de encontrar cuáles fueron esas transacciones que se hicieron entre comunes en las cuales el municipio resultó perdiendo dinero. Y no estamos hablando de poco dinero».
Preguntado sobre si es un concejal conservador, el funcionario sostuvo que «es de apellido Piedrahita, y yo lo puedo decir con claridad, porque nosotros ya tenemos la evidencia, las promesas de compraventa, las escrituras, donde predios de la alcaldía fueron a parar en manos de ese concejal y de sus familiares, cuando realmente había una clara inhabilidad, porque los concejales no pueden hacer ningún tipo de contratos con el municipio ni con sus entidades centralizadas».
Dijo que ya han puesto otros caso en conocimiento de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, «y sobre los cuales vamos a seguir trabajando porque es nuestro deber, yo que no soy carmelitano, yo no conozco a nadie en el Carmen de Apicalá de estos actores políticos, pero que sí en la medida en que yo tengo conocimiento de hechos que son susceptibles de supuestos fraudes económicos o supuestas violaciones administrativas, pues en mi deber ponerlas en conocimiento de las entidades de control, y que sean las entidades de control las que determinen y sancionen si hay lugar a ello o absuelvan si también hay lugar a ello».
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