César Picón le pide cuentas a Johana Aranda por la USI: “¿Cuál es el compromiso?”

La discusión sobre el futuro de la Unidad de Salud de Ibagué (USI) tomó un nuevo rumbo luego de las declaraciones de César Picón, quien cuestionó la petición de la alcaldesa Johana Aranda de recuperar el manejo de la entidad pública.

El exfuncionario del Ministerio de Salud puso sobre la mesa las razones que, según su versión, llevaron al Gobierno Nacional a intervenir la USI a finales de 2025 y cuestionó si actualmente existen garantías suficientes para que la entidad no vuelva a enfrentar las dificultades financieras y operativas señaladas durante los años 2024 y 2025.

Picón centró buena parte de sus cuestionamientos en la situación financiera que, según afirmó, atravesaba la entidad durante ese periodo.

Picón señala déficit de $5.000 millones en la USI

Uno de los principales cuestionamientos planteados por el exfuncionario está relacionado con las finanzas de la entidad.

Picón afirmó que durante 2024 la USI habría registrado un déficit operacional cercano a los $5.000 millones.

También aseguró que existían obligaciones pendientes con los trabajadores por concepto de salarios y prestaciones sociales, que superarían los $2.000 millones.

“La alcaldesa de Ibagué le ha pedido al presidente que le devuelva la administración de la unidad de salud de Ibagué. Pero recordémosles a todos por qué en diciembre del 2025 fue intervenida”, manifestó.

Estos señalamientos hacen parte de la discusión política alrededor de la solicitud para que la entidad vuelva a quedar bajo administración local.

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Emergencia por fiebre amarilla también entró en el debate

Picón también cuestionó la capacidad de respuesta de la USI frente a la emergencia sanitaria por fiebre amarilla declarada en abril de 2025.

Según aseguró, el Ministerio de Salud había girado recursos con anterioridad para la contratación de equipos básicos de salud, pero estos no habrían sido contratados y puestos en operación cuando se declaró la emergencia.

“Pese a que el Ministerio de Salud había girado los recursos seis meses antes para contratar los equipos básicos, en ese momento ni siquiera habían sido contratados y puestos en operación”, afirmó.

El exfuncionario agregó que también existían otros hallazgos que, según su versión, permanecían sin resolver pese a los compromisos adquiridos dentro de un plan de mejoramiento.

La pregunta de Picón: ¿qué pasará si termina la intervención?

Uno de los puntos centrales de sus declaraciones fue precisamente lo que ocurriría si la Superintendencia Nacional de Salud decide levantar la intervención y devolver el manejo de la USI a la administración municipal.

Picón sostuvo que, después de ocho meses de intervención, la entidad habría mostrado avances y planteó que cualquier decisión debe estar acompañada de compromisos concretos para garantizar la continuidad de esos resultados.

“Después de ocho meses de intervención, la UCI se ha venido recuperando”, señaló.

A partir de esa afirmación, cuestionó directamente a la alcaldesa Johana Aranda sobre las garantías que ofrecería su administración en caso de recuperar el control de la entidad.

“¿Cuál es el compromiso, en caso de que la superintendencia levante la intervención, que no volvamos a caer en lo ocurrido en el año 2024 y 2025 en vigencia de su administración?”, preguntó Picón.

Puestos de salud y equipos básicos, otro punto de preocupación

El exfuncionario también puso sobre la mesa la situación de los puestos de salud urbanos y rurales.

Picón cuestionó cuáles serían las garantías para mantener en funcionamiento los puestos que, según indicó, fueron recuperados con recursos del Gobierno Nacional y que anteriormente permanecían cerrados.

A esto sumó la continuidad de los equipos básicos de salud, que tienen como objetivo llegar a barrios y veredas.

Para Picón, la discusión no debería concentrarse únicamente en quién administra la USI, sino también en las condiciones financieras y operativas que permitan mantener los servicios recuperados.

El futuro del hospital materno infantil también está en discusión

Otro de los proyectos mencionados por Picón fue el hospital materno infantil, cuya continuidad considera fundamental para el futuro de la atención en salud de Ibagué.

El exfuncionario preguntó cuál sería el compromiso para garantizar la financiación y continuidad del proyecto, además de las condiciones necesarias para que pueda convertirse en una infraestructura destinada a la atención de niños y madres.

“¿Cuál es el compromiso para que el hospital materno infantil pueda continuar un curso satisfactorio?”, cuestionó.

De esta manera, Picón trasladó el debate de la administración de la USI a asuntos como la sostenibilidad financiera, la continuidad de los servicios, la atención en las zonas urbanas y rurales y el desarrollo de infraestructura hospitalaria.

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La decisión final está en manos de la Superintendencia

La controversia queda ahora ligada a la solicitud de la alcaldesa Johana Aranda para que la Superintendencia Nacional de Salud levante la intervención.

Mientras esa decisión se conoce, las declaraciones de Picón abren un nuevo capítulo en la discusión política sobre el manejo de la salud pública de Ibagué.

Sus cuestionamientos se concentran en una pregunta: si la USI vuelve a estar bajo administración municipal, ¿qué garantías existen para que no se repitan los problemas financieros y operativos señalados durante los años anteriores?

El debate, por ahora, continúa abierto y pone sobre la mesa no solo quién debe administrar la entidad, sino cómo garantizar su sostenibilidad y la continuidad de los servicios de salud para los ibaguereños.