Con acciones de Tutela trabajadores del Federico esperan recuperar sus puestos
Ramiro Ospina, abogado apoderado del asunto, esclarece sobre la convocatoria 426 del 2016 que realizó la Comisión Nacional del Servicio Civil donde oferta públicamente cargos para trabajar en el Hospital Federico Lleras Acosta, hecho que dio como consecuencia el despido realizado por la gerente liquidadora Inés Loaiza.
Ospina, confirmó que hasta el momento van 50 personas notificadas de su despido laboral en la institución, confirmando que su actividad laboral iría hasta el 14 de enero, oficio que estremeció a los trabajadores ya que después de entregada la notificación, fueron a recursos humanos para recibir explicaciones pero en la oficina les indicaron que deben entregar un derecho de petición solicitando aclaración de su situación, cosa que para el abogado apoderado es insignificante porque ese tipo de esclarecimiento puede ser entregado de manera sencilla, sin esperar los 15 días hábiles de respuesta al derecho de petición.
Para el abogado apoderado las circunstancias en las que quedaron los funcionarios actualmente lo califican como algo incierto y alarmante, pues afirma que despidieron personas que llevan más de 30 o 40 años prestando el servicio en el Hospital, otras en condición pre pensional, con discapacidad e incluso con personal con incapacidad médica.
Ahora bien, Ramiro Ospina, aseveró interponer las acciones de tutela con el fin de que les restituya a los funcionarios que están acobijados bajo la ley por estar en estado pre pensional, discapacidad incapacidad médica y en condición de fuero sindical “El sindicato emitió ya un documento oficial al Consejo de Estado con el fin de dar nulidad contra la convocatoria 426 que ofertó la CNSC, estamos a la espera de que el Consejo de Estado se pronuncie.
Por otro lado, el abogado del sindicato, ratifica que, si les llegan a devolver los cargos a los funcionarios, llegarían a retomar las mismas funciones, recibirían los mismos salarios y lo que no han percibido por este hecho, se les reintegraría como si estuvieran laborando común y corriente.
Por último, afirmó que luego de obtener la respuesta por parte del Consejo de Estado y las acciones de tutela, llevará el caso ante el Tribunal Administrativo del Tolima que es la autoridad competente de la Comisión Nacional del Servicio Civil y como segunda instancia por vía de impugnación ante el mismo Consejo de Estado.
