Luego de varias semanas de discusión ante el Juzgado 42 con Función de Control de Garantías, la juez no accedió a imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad a Pierre Eugenio García Jacquier, exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS).
Señaló la Juez de Garantías que García Jacquier tiene arraigo en Colombia, en Ibagué, donde es muy conocido, tiene un apartamento en el barrio La Pola, donde vive su padre, esposa e hijo, quien cursa sus estudios en esta ciudad. Y días antes de salir del país, adquirió una acción en un club.
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Asimismo, tiene una cuenta bancaria activa en Bancolombia y entiende que lleva siete meses fuera del país en razón de la enfermedad de su progenitora, y no es claro cuánto tiempo seguirá esta situación.
La togada señaló que accedía de manera parcial a la solicitud de la Fiscalía e impuso una medida de aseguramiento no privativa de la libertad y deberá firmar un acta de compromiso.
Así las cosas, deberá presentarse periódicamente a través de la plataforma que se desarrolle cada vez que sea requerido; informar a autoridad que corresponda la fecha regreso al país y su lugar de ubicación.
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Si cambia su dirección de ubicación en Ibagué, del edificio, el apartamento en el barrio la Pola e informar cualquier cambio de dirección, además si también hay alguna novedad con su número de celular. Lo anterior ante el Juzgado de conocimiento que lleve su caso de aquí en adelante.
La Juez 42 de Control de Garantías refirió que, a su modo de ver, le parecía demasiado excesivo obstruir el curso normal de proceso y esto fue desacreditado por el abogado durante su argumentación.
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El caso
El exfuncionario del gobierno de Iván Duque está implicado en el entramado de corrupción conocido como ‘las Marionetas’, una red de coimas liderada por el condenado y fallecido exsenador del Partido Liberal Mario Alberto Castaño Pérez.
La Fiscalía reveló sus cartas en contra de García desde diciembre del año pasado, cuando imputó al exrepresentante a la Cámara por los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos. «Soy inocente», dijo como respuesta.
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El ente investigador expuso que el excongresista del partido Centro Democrático presuntamente se aprovechó de su cargo para desviar a su conveniencia un contrato suscrito en 2021 con Proyecta Quindío, cuyo valor era de más de $48.000 millones.
Además, aseguró la fiscal del caso, Ángela Córdoba, García habría participado en el desvío de otros 27 proyectos relacionados con la financiación de obras en Tolima, Quindío y Valle del Cauca. Una de sus aliadas, al parecer, fue Katherine Rivera Bohórquez.
Rivera, en ese entonces, era asesora de la Unidad de Trabajo Legislativo de Ciro Alejandro Ramírez Cortés, quien fue representante a la Cámara y senador por el Centro Democrático hasta que fue capturado en diciembre de 2023 por orden de la Corte Suprema.
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Ramírez es investigado por el magistrado Marco Antonio Rueda Soto, de la Sala Especial de Instrucción, porque presuntamente, siendo parte de las marionetas, intervino irregularmente en el direccionamiento de trece contratos para obras en Quindío y Tolima.
La Fiscalía pidió, a mediados de enero de este año, imponer una medida de aseguramiento, una orden de captura y una circular roja de Interpol en contra de García, no solo por su presunta responsabilidad en el entramado, sino porque lleva siete meses en otro país.
Córdoba intentó argumentar que la medida era necesaria para asegurar la comparecencia del exdirector del DPS al proceso, dado que aparentemente podría huir de los llamados de la justicia, sobre todo ante el escenario de una eventual sentencia condenatoria.
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