Congreso realizó en Ibagué audiencia pública sobre reforma que redefine competencias y recursos del Sistema General de Participaciones
El viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez, explicó los alcances de la propuesta de reforma a la Ley de Competencias y al Sistema General de Participaciones (SGP), con la que el Gobierno busca ajustar la forma en que se distribuyen los recursos hacia departamentos y municipios para financiar servicios esenciales.
El funcionario enmarcó la iniciativa en la Constitución de 1991, que definió a Colombia como un Estado social de derecho, lo que implica la obligación del Estado de garantizar derechos fundamentales en todo el territorio nacional, sin distinción entre zonas urbanas y rurales.
En ese sentido, explicó que la financiación de esos servicios depende en gran medida del Sistema General de Participaciones (SGP), a través del cual la Nación transfiere recursos a departamentos y municipios para atender las necesidades básicas de la población.
Martínez señaló que reformas anteriores modificaron la manera en que esos recursos llegan a los territorios, lo que ha tenido efectos en la capacidad de financiación local. En particular, hizo referencia al impacto en el sector salud y a la forma en que hoy se ejecuta el gasto público.
Sobre el sistema de salud, explicó que gran parte de los recursos territoriales se canalizan mediante el modelo de aseguramiento, lo que significa que no siempre llegan de manera directa a hospitales o administraciones locales.
«El modelo que tenemos hoy en salud cambió la forma tradicional de financiación de los hospitales, porque ya no es el municipio el que gira directamente los recursos para operar los servicios, sino que estos se administran a través del sistema de aseguramiento, lo que ha generado una mayor complejidad administrativa y una distancia entre el origen del recurso público y la atención efectiva del paciente en el territorio”, afirmó.
El viceministro aseguró que la propuesta del Gobierno busca corregir ese tipo de distorsiones mediante un aumento progresivo de los recursos en los próximos años. Según dijo, el objetivo es mejorar la sostenibilidad del sistema de salud y avanzar en la formalización del empleo del personal sanitario.
“Lo que estamos planteando es una transición gradual que permita contar con mayores recursos en el tiempo, de tal manera que podamos pasar de esquemas de contratación inestables y temporales a procesos de vinculación más estables y dignos para los trabajadores de la salud, que hoy enfrentan condiciones de alta precariedad laboral en muchas regiones del país”, explicó.
También señaló que uno de los objetivos centrales es fortalecer la atención directa en los servicios de salud. “La idea es recuperar la capacidad operativa de los centros de salud en el territorio, de manera que puedan responder de forma oportuna a la ciudadanía, sin que la gente tenga que enfrentarse a múltiples barreras administrativas, autorizaciones o intermediaciones que terminan afectando el acceso real y efectivo al servicio, especialmente en zonas rurales y apartadas donde la oferta institucional es más débil”, manifestó.
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Frente a las críticas de alcaldes, gobernadores y organizaciones sindicales, que han advertido sobre posibles insuficiencias presupuestales o riesgos en la destinación de los recursos, el funcionario reconoció que la demanda social supera la capacidad fiscal del Estado, pero defendió el enfoque de priorización territorial.
“Siempre va a existir una tensión entre las necesidades de la población y los recursos disponibles, eso es una realidad en cualquier sistema público, pero lo que estamos proponiendo es que esa discusión se dé con base en criterios técnicos y de equidad, de manera que podamos priorizar a las poblaciones que históricamente han tenido mayores carencias, especialmente en zonas rurales, dispersas y con menor presencia institucional, donde el Estado ha llegado de manera más limitada”, señaló.
En esa línea, insistió en que la reforma busca cerrar brechas entre regiones y mejorar la distribución del gasto público. “El propósito central de esta iniciativa es avanzar hacia un sistema más equitativo, donde los recursos del nivel nacional se asignen de acuerdo con las necesidades reales de los territorios y no únicamente bajo criterios históricos o inerciales, de tal manera que podamos corregir desigualdades acumuladas y garantizar una mayor presencia del Estado en los lugares donde más se necesita”, concluyó.
