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Riesgo educativo por corte de energía en instituciones educativas de Ibagué

El corte de energía en instituciones educativas de Ibagué por deudas históricas con Celsia generó crisis en colegios oficiales. La Secretaría de Educación denuncia vulneración del derecho a la educación.

El corte de energía en instituciones educativas de Ibagué ocurrido el pasado 9 de octubre desató un fuerte debate entre la Alcaldía y la empresa Celsia. La suspensión del servicio afectó a varios colegios oficiales y dejó en evidencia una deuda histórica que supera los 3.100 millones de pesos, acumulada durante más de cuatro años.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Municipal, el corte se produjo cuando aún no terminaba el mes de octubre, a pesar de que se habían pactado pagos parciales y se venían adelantando acuerdos con la compañía prestadora del servicio. La medida, considerada por la administración como desproporcionada, puso en riesgo el derecho fundamental a la educación de miles de estudiantes.

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Antecedentes de la deuda con Celsia

El secretario de Educación, Diego Guzmán, explicó que la deuda corresponde a varios factores, entre ellos el consumo mensual de energía y los costos de transformadores instalados en obras de infraestructura educativa, muchos de ellos heredados de pasadas administraciones.

El funcionario señaló que en julio, agosto y septiembre se habían hecho abonos de 250, 250 y 500 millones de pesos respectivamente, como muestra de voluntad de pago. Sin embargo, el 9 de octubre Celsia decidió suspender el servicio, generando una crisis inmediata en los planteles educativos.

“Nosotros estábamos cumpliendo con los compromisos, incluso abonamos 770 millones para octubre. No entendemos cómo se corta la energía cuando el mes ni siquiera había terminado. Esta situación vulnera el derecho a la educación de los estudiantes”, puntualizó Guzmán.

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Impacto del corte de energía en los colegios de Ibagué

El corte de energía en instituciones educativas de Ibagué afectó el desarrollo de clases, la seguridad de los planteles y el funcionamiento de equipos necesarios para el aprendizaje. La administración local denunció que la medida golpeó especialmente a estudiantes de zonas vulnerables, quienes dependen en gran medida de los programas oficiales para garantizar su permanencia en el sistema educativo.

Durante el fin de semana posterior a la suspensión, funcionarios de la Secretaría de Educación tuvieron que acompañar a rectores y comunidades educativas para evitar mayores problemas de seguridad en los colegios que quedaron sin servicio eléctrico.

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Respuesta de la Alcaldía de Ibagué

Frente a la crisis, la Alcaldía interpuso una acción de tutela argumentando que el corte vulneraba el derecho fundamental a la educación. Horas después, la empresa reconectó el servicio tras recibir un abono adicional de 770 millones de pesos y la promesa de nuevos acuerdos de pago.

La administración insistió en que no puede cancelar intereses, pues estos no son reconocidos por la Contraloría. Por esta razón, los pagos se concentran en abonar a la deuda principal.

Celsia y la polémica por la suspensión del servicio

Aunque Celsia accedió a reconectar el servicio, la empresa sostuvo que la deuda sigue siendo millonaria y que los compromisos deben cumplirse de manera formal. La compañía argumentó que la prestación del servicio debe ser sostenible y que no puede mantenerse indefinidamente frente a un déficit financiero acumulado.

No obstante, la Alcaldía insiste en que el corte de energía en instituciones educativas de Ibagué fue una medida apresurada que pasó por alto los acuerdos previos y los pagos que ya se habían realizado.

Estrategias para evitar nuevas crisis

El secretario de Educación anunció que, además de los acuerdos de pago, se implementarán campañas de ahorro de energía y agua en los colegios oficiales. También se planteará un plan de incentivos para los planteles que logren reducir su consumo de manera significativa en el próximo año.

“Debemos ser responsables en el uso de los recursos, pero también necesitamos que las empresas entiendan que los colegios no pueden ser tratados como simples usuarios. Aquí está en juego el derecho a la educación de toda una generación”, advirtió Guzmán.

El corte de energía en instituciones educativas de Ibagué abrió un debate sobre la responsabilidad de las administraciones locales, la presión de las empresas prestadoras de servicios y el derecho fundamental de los estudiantes.

Mientras la deuda millonaria continúa siendo un problema latente, la comunidad educativa espera que la Alcaldía y Celsia logren acuerdos que garanticen la continuidad del servicio y eviten que la educación siga siendo la principal víctima de una disputa financiera.

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