Navarrete Parra enfrentaba acusaciones de prevaricato por acción, y la Corte Suprema la ha condenado a cuatro años de prisión domiciliaria.
Además de la condena de prisión domiciliaria, la Corte impuso una multa equivalente a 66 salarios mínimos vigentes y 80 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Como penas accesorias, la exfiscal perderá su empleo y estará inhabilitada para ocupar cargos similares durante un año.
La investigación se centró en hechos ocurridos el 2 de agosto de 2011, cuando Olga Navarrete Parra era fiscal en el municipio de Líbano, Tolima. En ese momento, solicitó la absolución de un procesado por concusión, quien también era investigador de la Dijín.
La Fiscalía alegó que la exfiscal llevó a cabo un análisis parcial y tendencioso de las pruebas presentadas durante el juicio, con la intención de favorecer al procesado. El investigador había sido capturado en flagrancia después de recibir un soborno de un hombre que estaba siendo investigado por lesiones personales, en un caso en el que el propio investigador actuaba como policía judicial.
A pesar de que la víctima había retirado su denuncia por lesiones personales, el investigador continuaba contactando al acusado y amenazándolo con su detención si no pagaba la suma de dinero que le exigía. Finalmente, la víctima denunció al investigador, lo que condujo a su arresto en flagrancia.
La evidencia de estos hechos incluyó videos, declaraciones de los agentes que realizaron la captura y el testimonio de la víctima. A pesar de estas pruebas, la fiscal Navarrete Parra no actuó de manera adecuada en el caso, lo que llevó a la denuncia por parte de la víctima contra la Fiscalía General de la Nación y el sistema judicial.
La Corte Suprema de Justicia ha emitido esta condena como un paso importante en la lucha contra la corrupción en el sistema judicial y como un recordatorio de que los funcionarios públicos deben desempeñar sus cargos con integridad y respeto por la justicia.
