Así lo decidió la Sala Especial de Instrucción del máximo tribunal de justicia, en el marco de la investigación que se le sigue por los delitos de tráfico de influencias de servidor público y determinador de interés indebido en la celebración de contratos.
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Barreto, explicó la alta corte, “tendrá que someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica que tendrá que implementar el Inpec. Además, deberá cancelar una caución y se le prohibió tener contacto con testigos del proceso”.
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Al congresista de ascendencia tolimense se le investiga por las presuntas irregularidades en procesos contractuales del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y la Empresa Industrial y Comercial del Estado para el Desarrollo Territorial (Proyecta). “Se habrían realizado maniobras para direccionar contratos para favorecer a integrantes del Congreso, entre ellos el senador Barreto Castillo”, consideró la Corte.
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La medida le permitirá al político seguir asistiendo a las sesiones del congreso colombiano, porque no tiene casa por cárcel ni detención en un centro penitenciario. Sin embargo, todo sus movimientos y desplazamientos estarán monitoreados por el Inpec.
