Cortolima se pronunció sobre el caso de tala de cobertura vegetal y quemas a cielo abierto ocurrido en la vereda Guacamayas, municipio de Dolores, y confirmó que entre las personas vinculadas a los hechos aparece una persona perteneciente a la planta de empleos de la Corporación.
La entidad aseguró que, tras conocer lo ocurrido el pasado 25 de agosto, activó las actuaciones administrativas correspondientes y posteriormente inició un proceso sancionatorio ambiental. Además, puso el caso en conocimiento de su Oficina de Control Interno Disciplinario de Instrucción y de la Fiscalía General de la Nación.
El pronunciamiento se conoce después de que dos personas fueran capturadas en flagrancia mientras realizaban labores de tala y quema en un predio de esta zona rural de Dolores.
Cortolima confirmó tala y quemas sin autorización
De acuerdo con el comunicado oficial, luego de conocerse las capturas, un equipo técnico de Cortolima realizó una visita al predio donde se presentaron los hechos.
Durante la inspección, la Corporación aseguró haber constatado la intervención de cobertura vegetal mediante tala y la posterior realización de quemas.
Además, según Cortolima, no se encontró permiso o autorización de aprovechamiento forestal asociado a las actividades verificadas.
La entidad señaló que, una vez tuvo conocimiento de la situación, activó de manera inmediata las actuaciones administrativas correspondientes.
El caso pasó así de una actuación relacionada con un hecho ocurrido en un predio particular a un proceso que también involucra internamente a una persona vinculada laboralmente con la autoridad ambiental.
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Hay un proceso sancionatorio ambiental
Cortolima informó que mediante la Resolución No. 938 del 31 de agosto de 2026, la Oficina Territorial Suroriente inició un proceso sancionatorio ambiental e impuso una medida preventiva contra las personas vinculadas a los hechos que actualmente son materia de investigación.
La decisión hace parte de las actuaciones administrativas adelantadas por la Corporación después de verificar la intervención de la cobertura vegetal y las quemas.
Sin embargo, el proceso continúa y serán las autoridades competentes las encargadas de establecer las responsabilidades correspondientes, respetando las garantías del debido proceso.
Una persona de la planta de Cortolima aparece vinculada al caso
Uno de los puntos más sensibles del comunicado es la confirmación de que entre las personas involucradas figura una persona vinculada a la planta de empleos de Cortolima.
La Corporación aseguró que, debido a esta situación, puso inmediatamente los hechos en conocimiento de la Oficina de Control Interno Disciplinario de Instrucción, con el objetivo de que se evalúe si existe una eventual conducta con relevancia disciplinaria.
La entidad también informó que el caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para los fines correspondientes.
Cortolima enfatizó que estas actuaciones deberán desarrollarse con rigor y dentro del marco del debido proceso.
Esto significa que la vinculación de una persona de la entidad con la investigación no equivale, por sí misma, a una responsabilidad ya determinada. Corresponderá a las autoridades establecer qué ocurrió y si existen responsabilidades administrativas, disciplinarias o judiciales.
“Ninguna persona está por encima de la ley”
En uno de los mensajes más contundentes de su comunicado, Cortolima rechazó cualquier conducta que pueda ir en contra de la normatividad ambiental.
La Corporación aseguró que su posición es la misma independientemente de quién pueda estar relacionado con los hechos.
“Ninguna persona, independientemente de su cargo o relación laboral o contractual con la Corporación, está exceptuada del cumplimiento de la ley”, señaló la entidad.
Cortolima agregó que tampoco habrá excepciones frente a las actuaciones administrativas, disciplinarias o judiciales que puedan derivarse de una eventual infracción.
Con esto, la autoridad ambiental busca dejar claro que el hecho de que una persona vinculada a su planta aparezca relacionada con la investigación no significa que tenga algún tipo de protección o tratamiento diferente frente a las autoridades.
Cortolima se desmarca de las actuaciones investigadas
La Corporación también hizo una precisión frente al carácter de las actuaciones objeto de investigación.
Según el comunicado, los hechos corresponden a actuaciones a título personal y no representan el trabajo institucional de Cortolima.
La entidad reiteró su compromiso con la legalidad, la ética pública y la transparencia, y aseguró que entregará a las autoridades competentes la información y colaboración necesaria para contribuir al esclarecimiento del caso.
El pronunciamiento busca establecer una separación entre la conducta que actualmente es investigada y las funciones institucionales de la Corporación.
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Fiscalía y control disciplinario deberán avanzar en las investigaciones
Con la información entregada por Cortolima, el caso tiene ahora diferentes frentes de actuación.
Por un lado, avanza el proceso sancionatorio ambiental iniciado mediante la Resolución 938 del 31 de agosto de 2026.
Por otro, la Oficina de Control Interno Disciplinario de Instrucción deberá evaluar la posible existencia de hechos con relevancia disciplinaria relacionados con la persona vinculada a la planta de empleos de la Corporación.
Además, la Fiscalía General de la Nación fue informada de los hechos para los fines correspondientes.
El desarrollo de estas actuaciones será clave para determinar qué ocurrió en la vereda Guacamayas y si existen responsabilidades individuales derivadas de las actividades de tala y quema.
La Corporación pide denunciar afectaciones ambientales
Finalmente, Cortolima hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar las actividades que puedan afectar los ecosistemas.
La entidad reiteró que rechaza cualquier violación de la normatividad ambiental y aseguró que pondrá a disposición de las autoridades toda la información necesaria para contribuir al esclarecimiento de este caso.
Mientras avanzan las investigaciones, el caso de Dolores genera atención por la naturaleza de los hechos y por la vinculación de una persona de la planta de la propia autoridad ambiental.
Por ahora, la responsabilidad individual deberá ser determinada por las autoridades competentes, mientras Cortolima sostiene que ninguna persona está por encima de la ley y que las actuaciones administrativas, disciplinarias y judiciales deberán avanzar bajo las reglas del debido proceso.
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