La polémica por la operación del relleno sanitario en Natagaima continúa escalando. Esta semana se realizó una nueva reunión entre el Comité de Veeduría “Natagaima no quiere basuras”, representantes de otros municipios y autoridades locales, con el objetivo de revisar el estado del proyecto y sus impactos ambientales y sociales.
Sin embargo, según explicó Humberto Paloma, vocero del comité, la sesión se desarrolló sin la presencia de Cortolima, entidad que había sido convocada como autoridad ambiental competente. De acuerdo con el representante ciudadano, se esperó su asistencia, pero finalmente no participaron en el encuentro.
Para el comité, la ausencia de la corporación autónoma regional representa un obstáculo en el avance de las mesas técnicas, que ya cumplen cerca de un año de discusiones sin resultados de fondo.
Demanda en curso y proceso judicial prolongado
Uno de los pocos avances señalados por los opositores al proyecto es que, a finales del año pasado, la empresa Espunat interpuso una demanda contra el contrato del relleno sanitario, la cual fue admitida por la autoridad judicial competente.
No obstante, el proceso apenas comienza. Los integrantes del comité reconocen que este tipo de actuaciones legales pueden tardar entre dos y cuatro años en resolverse. Además, advierten que cualquier decisión podría ser apelada por la contraparte, lo que prolongaría aún más la definición jurídica.
Mientras tanto, el relleno continúa operando y recibiendo residuos sólidos sin que haya un cambio sustancial en el modelo de disposición.
Señalamientos sobre manejo de residuos
De acuerdo con la veeduría, las basuras estarían llegando al sitio sin procesos adecuados de separación en la fuente. Según describen, los residuos son esparcidos en un área amplia, compactados y cubiertos con tierra, sin clasificación previa de materiales aprovechables.
“El aspecto puede verse más ordenado, pero el nivel de contaminación sigue siendo el mismo”, afirman desde el comité, insistiendo en que no se estaría aplicando un modelo integral de gestión de residuos.
Actualmente, la tercera celda del relleno estaría próxima a completar su capacidad. Expertos citados por la veeduría estiman que podría alcanzar su límite durante el transcurso de este año. La alternativa que se estaría evaluando sería unificar las tres celdas ya utilizadas y elevarlas en forma de domo para prolongar su vida útil.
Impacto social y percepción comunitaria
Más allá de lo técnico y jurídico, el debate en Natagaima gira también en torno al impacto social y económico del proyecto. Integrantes del comité sostienen que la compensación que recibe el municipio por albergar el relleno no sería suficiente frente a los efectos ambientales y la percepción negativa que, aseguran, afecta a la comunidad.
Algunos habitantes han manifestado su intención de abandonar la zona, argumentando afectaciones en la calidad de vida. Desde la veeduría se habla incluso del concepto de “víctimas del desarrollo”, al considerar que obras presentadas como proyectos de progreso terminan generando desplazamiento o deterioro social en los territorios que las reciben.
“Ninguna comunidad quiere vivir al lado de un relleno sanitario”, señalan voceros ciudadanos, quienes insisten en que el proyecto no estaría generando beneficios económicos proporcionales para Natagaima.
Otras noticias: Violencia sacude resguardo indígena en Tolima: asesinan a líder comunitario y comunidad denuncia confinamiento armado – Don Tamalio
Operador y rentabilidad
El operador del proyecto, el consorcio Soluciones Ambientales para Natagaima, continúa con la administración del sitio mientras avanzan los procesos legales y las discusiones técnicas. Desde el comité se cuestiona que, en medio de la controversia, la operación siga generando rentabilidad para la empresa, mientras la comunidad percibe que no obtiene ventajas claras en materia ambiental, económica o social.
Por ahora, el escenario sigue marcado por la incertidumbre: mesas técnicas sin acuerdos definitivos, un proceso judicial en curso y una operación que no se detiene. La expectativa está puesta en las decisiones que adopten las autoridades ambientales y judiciales, y en la posibilidad de que se revisen las condiciones del contrato y el modelo de manejo de residuos en el sur del Tolima.
