Una situación silenciosa pero alarmante puso en jaque la salud pública de los ibaguereños: 21 cuerpos no reclamados permanecían hacinados en las bóvedas de Medicina Legal por falta de espacios en el cementerio municipal. La escena obligó a una intervención urgente del Ministerio Público.
La Procuraduría General de la Nación lanzó un requerimiento preventivo a la Alcaldía de Ibagué, advirtiendo el riesgo sanitario que representaba la saturación del cuarto frío donde se almacenaban cadáveres declarados como no identificados o abandonados. La capacidad estaba completamente desbordada.
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Tras el llamado del ente de control, la administración municipal activó de inmediato el comité de gestión del riesgo y procedió a arrendar nuevas tumbas para trasladar los 21 cuerpos que permanecían retenidos en las instalaciones de Medicina Legal.
La medida busca evitar una emergencia sanitaria mayor, causada por la falta de bóvedas para la inhumación estatal. Esta situación se venía prolongando desde hace semanas sin una respuesta efectiva.
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Desde el Ministerio Público resaltaron la importancia de actuar con prontitud frente a hechos que amenazan la salubridad en las ciudades. Además, hicieron un llamado a la administración local a prevenir, no solo reaccionar.
