La Defensoría del Pueblo acompañó la llegada de familias víctimas del conflicto armado a municipios como Honda, Rovira y Suárez, que ha generado preocupación entre autoridades del Tolima, debido a la falta de coordinación nacional en los procesos de reubicación.
El tema fue objeto de análisis en una sesión urgente de Comité de justicia transicional, por la llegada de comunidades indígenas desplazadas del Cauca a Rovira.
Según Ana María Enciso, delegada de la Defensoría del Pueblo en el Comité de Justicia Transicional del Tolima, «existe la obligación legal y misional de acompañar estos procesos, dado que se trata de víctimas del conflicto armado, generalmente por desplazamientos masivos, las afectaciones se dan de manera grupal, y dado el recrudecimiento del conflicto a nivel nacional y la escalada de violencia, precisamente todos estos grupos poblacionales se han tenido que trasladar o han salido desplazados desde diferentes territorios».
Dijo que la respuesta institucional es «en virtud de la Ley de Víctimas, que establece precisamente los protocolos para darle tratamiento humanitario a estas situaciones, llegando como medida provisional o incluso permanente en reubicaciones en diferentes departamentos, y en estos momentos en el Tolima tenemos como ejemplo que han llegado familias desplazadas que han tenido que ser reubicadas aquí y el respaldo es total porque además es una obligación legal de todas las autoridades y de los entes territoriales».
Sobre la inconformidad por parte del gobierno departamental y de los alcaldes porque no son notificados, dijo que «dado la premura con la que se ha tenido que abordar esta situación, en muchas oportunidades el nivel nacional ha actuado, garantizando unas rutas de atención humanitaria a las víctimas, pero ha faltado un poco la coordinación interinstitucional para socializar con las autoridades encargadas de brindar esa respuesta local, precisamente de que las familias llegan y tomar de alguna manera a todas las autoridades preparadas».
Audio Ana María Enciso, delegada de la Defensoría del Pueblo en el Comité de Justicia Transicional del Tolima,
«No obstante, afortunadamente en el Tolima no hemos tenido por ejemplo situaciones de desplazamientos masivos, que eso es un poco más delicado porque llegan familias que la respuesta toma sin previo aviso, es de facto que se produce la situación, estos ejercicios de reubicación y de retorno al menos tienen un poco más de preparación, pero sí el llamado al nivel nacional es que se comuniquen las autoridades locales previamente para poder articular y todos estar aunando esfuerzos para garantizar los derechos de las personas que debemos recibir», manifestó Enciso.
Papel de la Defensoría
Acerca del papel de la Defensoría en el Tolima frente al tema dijo que la entidad tiene una delegada, la Defensoría Delegada de Movilidad Humana, que precisamente se encarga de acompañar todos los procesos de desplazamientos masivos, procesos de retorno y reubicación.
«En este caso hemos tenido en el último mes y medio, dos meses, dos ejercicios, que es el de Honda, tenemos en estos momentos el de Rovira y nosotros debemos hacer el acompañamiento a las familias, pero también debemos hacer un seguimiento de que todas las entidades involucradas, las entidades del Snarif, participen para garantizar los derechos de las víctimas a tener unas condiciones de seguridad mínimas y también una vida digna mientras lleguen aquí al territorio», sostuvo.
Casos diferentes
La funcionaria llamó la atención sobre la reubicación de las familias en Honda, Suárez y Rovira, que si bien comparten algunas características, «que es que vienen familias y se asientan en un predio entregado por la ANT, la naturaleza jurídica, la base jurídica es totalmente diferente».
«En Honda fue un proceso de reubicación, teniendo en cuenta una situación humanitaria que se presentó en el Catatumbo. Esta situación de Rovira es también una reubicación, pero temporal, en el medio de un proceso de restitución de tierras a un sujeto colectivo con condiciones de seguridad desfavorables en el Cauca. Y en Suárez es una medida de reparación a un sujeto colectivo», explicó..
Sobre lo de Suárez sostuvo que «no se constituye una medida de atención humanitaria inmediata, sino que es ya un proceso largo que ellos ya venían atravesando a través de la ANUC, las víctimas, y digamos que se les entrega este predio como una medida de reparación integral ya final».
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