El caso de Dilan Cruz, el joven cuya muerte marcó un antes y un después en las jornadas de protesta social en Colombia, ha recibido un fallo judicial histórico. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a la Nación, al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional por su responsabilidad administrativa en el homicidio ocurrido el 25 de noviembre de 2019.

Una «grave violación de derechos humanos»

En una sentencia de 28 páginas, la Sección Tercera del tribunal fue contundente al calificar los hechos como una grave violación de derechos humanos. Según el fallo, la muerte de Dilan Cruz, quien falleció tras recibir el impacto de una munición tipo Bean Bag disparada por un miembro del entonces Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios), no fue un accidente aislado, sino el resultado de un procedimiento irregular.

Los magistrados determinaron que el uso de la fuerza no estuvo precedido de una valoración adecuada de los principios de necesidad y proporcionalidad. «Se encuentra demostrado que el uso de la fuerza por parte de la entidad accionada no fue precedido de una adecuada valoración… es decir, se hizo un uso irregular y excesivo de la fuerza», señala el documento.

Falla en el servicio y uso de armamento

Otro de los pilares de la condena es la confirmación de una falla en el servicio. El tribunal argumentó que la institución clasificó erróneamente el arma utilizada como «menos letal», sin alertar adecuadamente a los uniformados sobre su capacidad real para causar la muerte. Este desconocimiento, sumado a la ejecución del operativo, afectó directamente los derechos constitucionales a la vida y a la libre protesta de Dilan Cruz.

Impacto social y el derecho a la protesta

El fallo no solo se limita a la reparación de perjuicios para la familia de la víctima; también hace un llamado sobre la importancia de proteger el derecho a la manifestación pacífica. Los magistrados citaron cifras de la organización Campaña Defender la Libertad, que documentó 133 muertes en contextos de protesta social en Colombia entre finales de 2019 y mediados de 2021.

Esta sentencia se convierte en un precedente fundamental en la justicia colombiana, reafirmando la responsabilidad del Estado en la salvaguarda de la vida de quienes ejercen su derecho constitucional a la protesta.